Una de las historias más rocambolescas de la historia del narcotráfico mexicano se vivió el pasado 25 de julio. En un escueto comunicado de prensa, las autoridades estadounidenses informaron que Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López (uno de los hijos del Chapo) habían sido detenidos en un aeródromo de El Paso, Texas. Zambada –fundador del cártel de Sinaloa junto al Chapo Guzmán– era posiblemente el narco más poderoso de México. A sus setenta y seis años nunca había pisado la cárcel y apenas se conocían tres fotos suyas. Aunque la noticia era de por sí extraordinaria, ese mismo día Ovidio Guzmán, otro de los hijos del Chapo preso en Estados Unidos, desaparecía misteriosamente de la web del sistema penitenciario de aquel país. Sigue sin conocerse su paradero. 

Siguieron días de incredulidad. Tardó pocos días en circular la foto del Mayo detenido. Y la primera gran pregunta que surgió es si las autoridades estadounidenses habían participado en la detención. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio una extraña conferencia de prensa en la que en esencia informó de que no estaba al tanto de nada de lo que había pasado. Dejaba entrever que se había tratado de una operación del gobierno estadounidense en suelo mexicano. Una de las primeras versiones que circularon es que Zambada había alcanzado un acuerdo con las autoridades estadounidenses y que se había entregado voluntariamente. Uno de los datos que apuntalaban esta hipótesis era que uno de los hijos del Mayo, Vicente, fue el testigo estrella de la Fiscalía estadounidense en contra del Chapo en el 2019 y del zar antidrogas mexicano, Genaro García Luna, en el 2023. 

Esta primera versión duró poco. Tres días después del arresto, el abogado del Mayo, Frank Pérez, envió un comunicado a Los Angeles Times en el que aseguraba que su cliente había sido secuestrado por el hijo del Chapo y llevado a Estados Unidos contra su voluntad. Según Pérez, Zambada había acudido a una reunión con Guzmán cuando seis hombres lo ataron de pies y mano, “lo arrojaron a una camioneta y lo llevaron a una pista clandestina. Lo obligaron a subir al avión, Joaquín ató sus piernas al asiento y lo trajo a Estados Unidos contra su voluntad”, según la entrevista concedida por Pérez al diario angelino. Siguieron días de incertidumbre, alimentada en parte porque un abogado del Chapo negó esa versión y aseguró que el Mayo se había entregado voluntariamente tras pactar con la DEA. 

Según esta versión, la salud del Mayo era extremadamente frágil y estaría muy cerca de morir. Así que una de sus últimas voluntades era volver a ver a sus hijos (tres de ellos están detenidos en Estados Unidos) y obtener tratamiento médico. La periodista Anabel Hernández sostiene que, durante sus años como fugitivo, el Mayo había habilitado una unidad móvil en un contenedor que utilizaba como hospital. Zambada es diabético desde hace cuarenta años, aunque está aparentemente bajo control. También tiene muy mal una rodilla y camina con muchas dificultades. Según la prensa sinaloense, la diabetes le ha empeorado al grado que apenas sale, se ha quedado casi ciego y tiene muchos órganos afectados. En su primera comparecencia ante el juez, Zambada acudió en silla de ruedas y, según los presentes, se veía muy desmejorado. 

Días después, el propio Mayo envió una carta a la prensa en la que confirmaba lo dicho por su abogado y que sacudió a la clase política mexicana. Según el Mayo, el hijo del Chapo le convocó a una reunión con el gobernador de Sinaloa (Rubén Rocha, aliado del expresidente López Obrador) y Héctor Cuén, rival político de Rocha, para pactar quién sería el próximo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. “El encuentro estaba programado para las once de la mañana y yo llegué un poco temprano –relata el Mayo en su misiva. Al llegar vio al gobernador, a Cuén y al hijo del Chapo–: Lo conozco desde que es un niño y me indicó que le siguiera. Confiado en la naturaleza de la reunión y de la gente involucrada, lo seguí sin dudarlo. Fui dirigido a otra habitación que estaba oscura. Tan pronto como puse un pie en esa habitación, fui emboscado. Un grupo de hombres asaltaron, me tiraron al suelo y colocaron una capucha oscura sobre mi cabeza”, describió el Mayo. 

Zambada relata que en el mismo rancho donde lo secuestraron asesinaron a Cuén. Esta versión contradecía la versión de la Fiscalía de Sinaloa, que días antes había informado que a Cuén lo mataron en una gasolinera al intentarle robar el auto. Los fiscales de Rocha incluso filtraron a los medios un vídeo del presunto asesinato, que resultó ser un burdo montaje y tuvieron que reconocer que a Cuén lo asesinaron en ese rancho.

Guerra sin cuartel 

En las primeras semanas posteriores al arresto, en Sinaloa se vivió una tensa calma. Esto hacía pensar que al final el Mayo sí que había pactado su entrega y que la carta que envió era un intento de preparar una defensa de cara al juicio que se le seguirá a partir de octubre en Nueva York. Sin embargo, esta pax narca se rompió el 9 de septiembre, cuando empezaron los asesinatos entre Los Chapitos, como se conoce a la facción que encabezan los hijos del Chapo, y La Mayiza. Ese día se dieron enfrentamientos entre ambos bandos y también contra diversos convoyes militares destinados en la ciudad (unos mil en total). Un termómetro que da una idea de la intensidad de la violencia es que las celebraciones del 15 de septiembre, día de la Independencia de México, se suspendieron en Culiacán. También en otras ciudades y en pueblos del Triángulo Dorado (la zona que controla el cártel de Sinaloa en la sierra y donde se cultiva amapola). Además, durante el mes de septiembre, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tiene setenta mil estudiantes (de bachillerato y universitarios), ha tenido que suspender las clases presenciales “como medida preventiva”. 

Durante la última quincena de septiembre hubo días en los que se suspendió el transporte público por los tiroteos. Las estimaciones son poco fiables, dado que, por ejemplo, por las noches hay un toque de queda impuesto por los narcos y los periodistas no informan sobre muchos de los asesinatos. Sin embargo, se contabilizaron al menos cincuenta muertos y setenta secuestros en Culiacán, además de que en días puntuales se suspendió el transporte público. El periodista Ioan Grillo, que lleva quince años cubriendo el narco en Sinaloa, describió la escena como una “guerra civil” en una entrevista con la BBC en septiembre pasado: “La ciudad está paralizada. Antes eran dos o tres días en ciudades pequeñas con cierta tradición de violencia, pero ahora es en una capital de un millón de habitantes. Los niños no van a las escuelas, muchos comercios no funcionan, hay escasez de alimentos en los pueblos aledaños”.