Bajo identidades falsas

Un acento que no encaja, ausencias esporádicas en la ciudad, una desaparición repentina... En mayo de 2021, las sospechas del entorno de Marc Hernández sobre su verdadera identidad cristalizaron en una investigación interna que, con el apoyo de La Directa, confirmó lo que algunos ya barruntaban: el supuesto activista, descrito por quienes lo conocieron como “afable, risueño y bromista”, era, en realidad, un agente de la Policía Nacional infiltrado en los movimientos sociales de Barcelona.

Marc hizo su aparición en la escena en junio de 2020, poco después de abrir perfiles en redes sociales. Adoptando la identidad de un estudiante de Educación Social de Mallorca, se integró rápidamente en el tejido militante barcelonés. En cuestión de días, asistía a manifestaciones, se unía a la lucha por la vivienda digna y participaba en asambleas y protestas. Durante dos años, construyó su personaje con destreza, ganándose la confianza de activistas y participando en espacios como el Casal Popular Lina Òdena, el colectivo por el derecho a la vivienda Resistim al Gòtic y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Su piso, estratégicamente ubicado a pocos metros del Forat de la Vergonya, se convirtió en un punto de encuentro para sus compañeros de militancia.

Sin embargo, con el tiempo, su tapadera comenzó a erosionarse. Pequeñas inconsistencias empezaron a sembrar dudas entre sus allegados. Un episodio en particular marcó un punto de inflexión: en febrero de 2022, durante una mesa nacional del SEPC en Palma, invitó a los asistentes a lo que supuestamente era el hogar de un familiar. En ese momento, su acento menorquín, que no concordaba con su supuesta procedencia de Mallorca, llamó la atención de una de las participantes. Ante la evidencia, Marc optó por la evasiva, lo que solo sirvió para alimentar aún más las sospechas.

A partir de entonces, las alarmas se encendieron. La última vez que se vio a Marc fue el lunes 23 de mayo, cuando se presentó como un miembro más en la asamblea de Resistim al Gòtic. Sin embargo, poco después, comenzó a distanciarse de los grupos de Telegram, alegando un urgente viaje a Mallorca por un “asunto personal grave”. Esta explicación se desmoronó rápidamente al revelarse una transferencia bancaria proveniente de Barcelona, lo que avivó aún más las dudas que lo rodeaban.

Un historial personal difuso, ausencias frecuentes, participación en múltiples organizaciones, ingresos desproporcionados en relación con su perfil o incluso la tendencia a asumir gastos colectivos, como gasolina o rondas de comida y bebida... Aunque, tomados por sí solos, estos elementos podrían parecer insignificantes –la generosidad, después de todo, no es un delito–, al considerarlos en conjunto, también podrían indicar algo más. En el caso de Marc, o mejor dicho, del agente I. J. E. G., la confirmación de su condición de infiltrado fue el resultado de una acumulación de indicios que, en otras circunstancias, podrían haber pasado desapercibidos, junto a una identificación fortuita en Barcelona.

Lo que podría haber sido un caso aislado terminó desencadenando una cascada de revelaciones. La investigación que permitió desenmascarar a Hernández dio lugar a nuevos procesos que expusieron a otros infiltrados en distintas ciudades: María Perelló en Girona, Ramón Martínez en Valencia y Daniel Hernández en Barcelona, entre otros. Todos ellos pertenecían a la misma promoción en la Escuela de Policía de Ávila. En total, al menos siete agentes fueron identificados, todos siguiendo un patrón similar: se infiltraban en los colectivos, establecían vínculos personales e incluso relaciones sentimentales, y mantenían identidades falsas durante años.

El documental Infiltrats, una producción de 3Cat en colaboración con La Directa y Polar Star Films, llevó esta investigación al gran público, desvelando las tácticas empleadas por los infiltrados para integrarse en los movimientos sociales. Asistían a asambleas de vivienda, frecuentaban centros sociales, participaban en colectivos universitarios e incluso utilizaban aplicaciones de citas para ganarse la confianza de los activistas. Con el tiempo, tejían redes de contactos que les permitían insertarse completamente en la militancia de cada ciudad.

El documental no solo expuso un patrón, sino que también encendió las alarmas entre los compañeros de Belén Hammad Gómez, la última infiltrada descubierta apenas unos días antes de cerrar estas líneas. Al notar ciertas similitudes entre su comportamiento y los casos relatados en el filme, miembros de Endavant decidieron contactar con La Directa. La investigación del medio terminó por confirmar sus sospechas: Hammad Gómez llevaba tiempo operando dentro de la Comunitat Palestina de Catalunya, Endavant y el Casal Popular 3 Voltes Rebel.

Su caso tiene particularidades. A diferencia de los otros infiltrados expuestos hasta ahora, ella pertenece a la 32ª promoción de la Escuela de Policía de Ávila, una antes que sus predecesores. Sin embargo, sigue el mismo guion: una implicación activa en colectivos políticos, una repentina desaparición justificada por motivos personales y una estrategia de infiltración basada en la multimilitancia. De hecho, su trayectoria la llevó a formar parte de Rizoma, un programa de liderazgo y transformación social orientado a la prevención de extremismos violentos, impulsado por la organización Novact con el respaldo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) de la Generalitat de Catalunya. En el marco de esta iniciativa, incluso llegó a visitar la sede de La Directa.

La revelación de su identidad vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la estrategia de infiltración en los movimientos sociales? Difícil saberlo. La magnitud real del fenómeno sigue siendo una incógnita. Como advierte el historiador David Ballester en el documental: “Nunca sabrás si los policías que has pillado representan el 2% o el 60% del total”. Un testimonio recogido en la película refuerza esta incertidumbre: una de las agentes descubiertas, grabada por activistas tras su identificación, sugiere que la infiltración podría ser mucho más extensa de lo que se conoce. En una llamada telefónica, admite: “Hay policías encubiertos en toda España: Salamanca, Málaga, Granada...”.

Lo que resulta innegable, como subrayan los afectados, es que “las infiltraciones policiales no son una estrategia represiva reciente. Desde hace décadas, el Estado las emplea para vigilar y controlar la disidencia política”, explican los autores del manual. Esto sugiere que el número de agentes encubiertos podría ser mucho mayor al documentado hasta ahora. Además, apuntan a la duración de algunas infiltraciones como un factor clave para comprender la magnitud de estas operaciones. “De los nueve policías destapados entre 2022 y 2024, una estuvo infiltrada durante 35 años”, destacan, lo que revela hasta qué punto el Estado ha sostenido este tipo de prácticas a lo largo del tiempo.

El gimnasio de La Cinètika, el huerto urbano El Jardí de la Julieta, comedores populares, grupos de trabajo... ¿Cuántos agentes operan en silencio dentro de estos espacios abiertos, participativos y completamente legales? Solo los altos mandos que dirigen la operación desde el Ministerio del Interior y el complejo policial de Canillas, en Madrid, conocen la verdadera extensión de esta red. Sin embargo, las autoras advierten que aún existen territorios con una arraigada tradición de lucha obrera donde no se ha descubierto ningún caso. “Sería ingenuo creer que los infiltrados identificados son los únicos que existen”, concluyen.

Cómo desenmascarar a un infiltrado

En el caso de Marc, su acento no coincidía con su origen. Dani cometió un descuido al compartir su ubicación, lo que evidenció que no estaba donde decía estar. Ramón afirmaba no haber practicado artes marciales, pero su destreza resultó sorprendente en las primeras clases. Mavi aseguraba asistir a una escuela de ballet en Granada, pero el nombre que mencionó correspondía a una de Almería, su verdadera ciudad de origen.

“La policía y el Estado no son infalibles, tienen grietas en su funcionamiento”, esa es una de las lecciones que han aprendido los autores del Manual para destapar a un policía infiltrado –publicado en febrero por Dos Cuadrados y disponible gratuitamente en formato digital– tras años de investigación. Aunque no siempre sea sencillo, desenmascarar a los agentes encubiertos es posible. Así lo demuestran las pesquisas realizadas durante tres años por los afectados, en colaboración con periodistas de La Directa, que lograron identificar al menos a siete infiltrados en distintos movimientos sociales. 

Cada nueva identificación no solo confirmaba la existencia de una red de infiltración más extensa, sino que también se transformaba en un recurso valioso para otros colectivos. En los rincones de los centros sociales, en los pasillos de las universidades y durante las charlas de café, la información sobre estas identificaciones circulaba de boca en boca. Al conocer los detalles sobre el modus operandi de los infiltrados, muchos activistas comenzaron a reinterpretar la repentina desaparición de ciertas personas y a entender mejor comportamientos que anteriormente consideraban sospechosos. Este intercambio de información dio lugar a nuevas investigaciones, lo que a su vez permitió descubrir a más agentes infiltrados.

“Cada vez que destapábamos un caso, reuníamos información clave que nos permitía entender mejor cómo operan las infiltraciones policiales y reconocer sus patrones”, explican los autores. Conscientes de la importancia de este conocimiento acumulado, decidieron sistematizarlo y compartirlo. Su objetivo: revelar los patrones recurrentes y los errores más comunes de estos agentes, exponiendo las vulnerabilidades de sus métodos.

“Hasta ese momento, esa información no se había hecho pública ni estaba al alcance de nadie fuera de la Comisaría General de Información. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que teníamos algo muy valioso, que podría ser de gran utilidad para la militancia”, comentan los autores.

El Manual para destapar a un policía infiltrado surge con un propósito claro: analizar en detalle cómo el Estado infiltra movimientos sociales, identificar sus tácticas y patrones, y exponer sus vulnerabilidades. Además de compartir conocimientos y experiencias para minimizar el impacto de estas prácticas, busca enviar un mensaje contundente: la militancia tiene la capacidad de investigar la presencia de agentes encubiertos sin depender de nadie. Al mismo tiempo, el manual actúa como advertencia para posibles futuros infiltrados: si intentan insertarse en los movimientos sociales, pueden ser descubiertos y expuestos.

Errores, contradicciones y descuidos han permitido identificar a al menos siete agentes encubiertos en los últimos años. La clave: compartir información y reconocer patrones.

Publicarlo, sin embargo, no fue una decisión fácil. La información que protege a los activistas también podría servir a la policía para perfeccionar sus tácticas. Aun así, los autores reconocen que no existe “ningún canal común a toda la militancia, interno, accesible y suficientemente seguro para evitar que esa información llegue a la policía”. Ante esta realidad, optaron por compartir sus aprendizajes por escrito, asumiendo el riesgo de que las fuerzas de seguridad adapten sus estrategias. “Pensamos que sería una buena idea transmitir este conocimiento a las actuales y futuras generaciones militantes”, comentan. Su enfoque es pragmático: “Si huye, es un policía infiltrado menos en nuestras organizaciones. Si se queda, tenemos muchas más oportunidades de pillarlo”, sentencian en el manual.

Ahora bien, su intención no es generar paranoia ni desviar la atención de la lucha política. “No significa que todas las organizaciones y colectivos deban detener su actividad y dedicarse a jugar a detectives”, advierten los autores. De hecho, alertan sobre el desgaste que puede provocar un clima de desconfianza permanente. En lugar de eso, el manual debe verse como una herramienta complementaria, “al igual que una guía para saber qué hacer en caso de detención o un protocolo ante una agresión machista”. En este sentido, enfatizan que cualquier sospecha debe basarse en datos objetivos: “Jamás se debe acusar a alguien sin pruebas concretas”. Y añaden una advertencia fundamental: “Encajar en varios de los patrones no significa ser un infiltrado. No trabajamos con rumores ni acusaciones infundadas. Esto es crucial”.

Lecciones de Spy Cops

Las infiltraciones policiales en España no son una anomalía, sino parte de un patrón global de vigilancia estatal sobre los movimientos sociales. Activistas españoles han identificado evidentes paralelismos con el escándalo Spy Cops en el Reino Unido, destapado en 2010, que reveló la infiltración sistemática de más de 139 agentes encubiertos en colectivos sociales durante más de cinco décadas. Al igual que en España, los agentes británicos recurrieron a tácticas como la manipulación emocional, la infiltración en redes afectivas y la construcción de identidades falsas sostenidas durante años. En algunos casos, incluso llegaron a tener hijos con activistas a las que engañaron, generando un profundo debate sobre los límites de la actuación policial.

“La experiencia británica respecto a las infiltraciones policiales ha sido fundamental para nosotras a lo largo de todo el proceso y ha sido un espejo en el cual nos hemos mirado, en todos los sentidos”, explican los autores. En 2023, tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con activistas británicas en unas jornadas organizadas por Colze a Colze en La Cinètika, un cine okupado, anticapitalista, autónomo y feminista en el barrio de Sant Andreu, Barcelona. De ese intercambio surgió una inspiración clave para su Manual para destapar a un policía infiltrado, basado en la guía británica Was my friend a spycop? y adaptado al contexto español. “Gracias a ese contacto, pudimos definir cómo canalizar toda la información acumulada y resolver nuestras dudas sobre si era conveniente hacerlo público o no”, relatan.

El mensaje que recibieron desde el Reino Unido fue claro: la difusión de información sobre estos casos genera un efecto multiplicador. Según explican en el manual, tras la publicación de la guía británica, muchos colectivos lograron identificar nuevas infiltraciones al reconocer patrones similares en sus propios espacios. “Si esta estrategia se hubiera replicado en España”, argumentan, “el impacto y la duración de las infiltraciones podrían haberse reducido considerablemente”.

Dos países, dos respuestas

A pesar de las similitudes en las tácticas utilizadas, las consecuencias del escándalo han sido marcadamente diferentes en el Reino Unido y España. En 2015, la Policía Metropolitana, a través del Assistant Commissioner Martin Hewitt, admitió públicamente que “agentes encubiertos, al intentar infiltrarse en grupos de protesta, establecieron relaciones íntimas a largo plazo con mujeres, las cuales fueron abusivas, engañosas, manipuladoras y erróneas”. Además, reconocieron que estas relaciones “constituyeron una violación de los derechos humanos de las mujeres, un abuso de poder policial y causaron un trauma significativo”.

Ese mismo año, la ministra del Interior, Theresa May, ordenó la creación de la Undercover Policing Inquiry, una investigación oficial sobre las prácticas de las unidades especializadas. Esta comisión obligó a las autoridades a rendir cuentas, generando informes públicos que documentaran el alcance de la infiltración. En 2024, como parte de esta investigación, Peter Skelton KC, en representación de la Policía Metropolitana, reconoció que hubo “una cobertura innecesaria sobre campañas políticas y sociales, campañas por la justicia familiar, organizaciones comunitarias y grupos que luchaban por la responsabilidad policial. Estos grupos no representaban ningún riesgo de desorden público grave ni estaban involucrados en actividades criminales o subversivas”. Estas afirmaciones resuenan con los casos de España, donde los grupos infiltrados eran abiertos, legales y pacíficos, y las infiltraciones no han derivado posteriormente en ninguna acción legal.

El documental Infiltrats hace especial hincapié en el impacto de estas practicas en las victimas, con la participación de Pau Pérez-Sales, del Centro SIRA (Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura), quien ha realizado el peritaje de las afectadas. Pérez-Sales explica que el engaño y la manipulación de los agentes infiltrados tienen un impacto devastador en la salud mental y el bienestar de las víctimas. Desde el Centro SIRA sostienen que estas tácticas cumplen con los criterios para ser consideradas maltrato y tortura, dado que causan sufrimiento grave, son intencionales, persiguen un propósito claro –como la obtención de información– y son ejecutadas por funcionarios del Estado.

Sin embargo, a diferencia del Reino Unido, donde las denuncias llevaron a una revisión profunda de estas prácticas, en España el gobierno y las instituciones judiciales han optado por el hermetismo. No se ha anunciado ninguna investigación independiente, y el Ministerio del Interior sigue defendiendo la legalidad de estas prácticas sin ofrecer detalles sobre su alcance ni justificar los criterios que las legitiman. Lo que sí ha hecho el Ministerio, por primera vez, es reconocer implícitamente la infiltración en movimientos sociales, aclarando que no se trataba de agentes encubiertos –una figura regulada por la ley para casos específicos y bajo autorización y supervisión judicial– sino de “agentes de inteligencia”, que dependen de la Comisaría General de Información.

Este contexto es precisamente lo que el documental Infiltrats pone de relieve al subrayar la necesidad de abrir un debate jurídico sobre la legalidad de estas operaciones. Mientras que el Ministerio del Interior las defiende como “idóneas y oportunas” dentro de una interpretación amplia de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986, las organizaciones afectadas argumentan que estas tácticas no están reguladas por dicha norma. Además, sostienen que no se ajustan a la figura legal del policía encubierto establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, al no estar sometidas a control judicial, constituyen una grave vulneración de derechos fundamentales.

En la actualidad, en España, al menos tres querellas han sido presentadas contra agentes infiltrados: una en Barcelona, otra en Girona y una más en Valencia. Sin embargo, las autoras del manual manifiestan tener “escasas o nulas expectativas” de que los tribunales favorezcan a las militantes querellantes, debido al rechazo sistemático de las fiscalías y los juzgados hacia las denuncias, que han sido desestimadas o justificadas por las autoridades 

Este escepticismo también se extiende a las comisiones parlamentarias de investigación sobre las infiltraciones policiales, propuestas por diversos grupos, siendo la última, al momento de escribir este artículo, en el Parlament de Catalunya, en febrero de este año. “Lo único positivo hasta ahora ha sido la intervención del Centro SIRA, que ha documentado los impactos psicosociales en muchas de las afectadas. Por lo demás, nada que nos sorprenda”, concluyen.

Ante este panorama, las autoras del manual subrayan que no fueron las comisiones parlamentarias, sino la presión constante y tenaz de la militancia, lo que forzó a la policía y al Ministerio del Interior a ofrecer, aunque fueran mínimas, explicaciones sobre las infiltraciones. “No ha sido gracias a las comisiones parlamentarias, sino al incansable trabajo de las militantes que han sacado este tema a la luz pública desde el principio”, afirman con contundencia, destacando la importancia de la movilización ciudadana frente a la inacción institucional.

Reflexionando sobre la efectividad de la vía judicial, La Directa publicó recientemente dos artículos bajo el título: “¿Puede la vía judicial ser efectiva para confrontar las infiltraciones policiales?”. En uno de ellos, Dónal O’Driscoll, miembro del Grupo de Investigación de Infiltrados del Reino Unido, describe estos procesos como “una batalla extenuante, pero con más respuestas de las esperadas”, destacando especialmente el “enfoque exitoso” de las investigaciones públicas, que en su país han servido para desclasificar documentos, descubrir la identidad de más infiltrados y celebrar audiencias en las que se cuestionaban sus actividades.

En el mismo artículo, Daniel Amelang, abogado de la Cooperativa Red Jurídica, defendía también la vía judicial: “A pesar de los obstáculos jurídicos que los distintos denunciantes están intentando superar y de la falta de voluntad de algunos jueces para investigar los hechos, creo que no debemos rendirnos ni abandonar la vía judicial. El derecho, ejercido desde una perspectiva crítica, puede ser una poderosa herramienta de transformación social”.

No obstante, Amelang matiza que “la estrategia puramente judicial, si se deja a su suerte, rara vez sirve para conseguir precedentes favorables. Debe ir acompañada de apoyos y movilizaciones sociales amplias que hagan entender a los operadores jurídicos que estas prácticas no están justificadas. Como establece el artículo 3 del Código Civil: ‘Las normas se interpretarán [...] en relación con el contexto [...] y la realidad social del tiempo’”.

El papel clave de la militancia

La divulgación y la movilización son, sin duda, condiciones fundamentales para poner el foco sobre estas prácticas y sus consecuencias. Uno de los logros más destacados del manual ha sido precisamente seguir la estela de las investigaciones de La Directa (Premio de Periodismo de Investigación Ramon Barnils) y el documental Infiltrats, contribuyendo a poner este tema sobre la mesa.

“Sabemos que el Ministerio del Interior y la Comisaría General de Información no estarán precisamente satisfechos con esto”, admiten las autoras. “Pero uno de los aprendizajes más valiosos que hemos obtenido de este proceso es la necesidad de estar preparadas para las consecuencias, sobre todo cuando se lanza un contraataque de semejante magnitud”. No obstante, subrayan que “la única reacción que realmente nos importa es la de la militancia, el hecho de que este manual sea útil y que así lo perciban”.

El manual ha tenido una notable acogida en distintos puntos del Estado, generando nuevas conexiones con otros colectivos. “Nos han contactado desde diversos lugares para que compartamos nuestra experiencia y ayudemos a otras militantes a resolver sus dudas”, explican. La colaboración con la editorial A Dos Cuadrados ha sido clave para materializar la publicación. “Les conocíamos desde hace tiempo como una editorial comprometida, y fueron de las primeras en las que pensamos. La colaboración fue fluida y natural desde el principio”.

Mirando hacia el futuro, las autoras contemplan la posibilidad de expandir este trabajo en un formato de libro que no solo recopilaría el manual, sino que también incluiría experiencias y aprendizajes sobre la gestión emocional y política de los casos, así como relatos personales. “El objetivo sigue siendo el mismo que el del manual: proporcionar herramientas útiles a la militancia”, argumentan.

Por último, las autoras ofrecen un consejo a quienes puedan estar pasando por una situación similar: “Afrontad el proceso de investigación con la mente abierta a todas las posibilidades, sabiendo que lo más probable es que nunca encontréis una confirmación o una desmentida a vuestras sospechas. Si ya lo habéis descubierto, haced público el proceso de la manera más autónoma posible. La montaña rusa emocional está por venir, pero ojalá que el manual y el futuro libro puedan hacer que sea lo menos tortuoso posible”. Y añaden: “Que las compañeras de los demás casos sepan que estamos aquí para lo que necesiten”.