En nombre de la guerra contra la droga, en Brasil se vive desde hace décadas una historia de racismo, control social, abusos policiales e impunidad. La cita olímpica, en un contexto de crisis política y solvencia institucional, saca a relucir los problemas de inseguridad y de atentados contra los derechos humanos en la capital carioca.

La mayoría de europeos conocen las favelas de Río de Janeiro por la épica película Ciudad de Dios, que da testimonio, a través de sorprendentes efectos especiales y una contagiosa música, de la peculiar arquitectura de la favela o de los niños armados con AK-47. La película se desarrolla en la década de 1980, pero el paisaje de los barrios pobres de Río no ha cambiado mucho desde entonces. Desde que se anunciaran la Copa del Mundo de fútbol celebrada en 2014 y, más adelante, los Juegos Olímpicos de este año, los gobiernos federal, estatal y local han puesto en marcha acciones conjuntas para intentar revertir la situación de violencia, principalmente a través del modelo de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP). Sin embargo, en la víspera de los Juegos Olímpicos, el estado de Río de Janeiro ha caído en bancarrota: presenta un déficit de casi 20 millones de reales (el equivalente a unos 5 millones y medio de euros), las obras de la línea de metro que debe conectar con el aeropuerto están paradas y maestros, médicos y policías no cobran su nómina completa desde el año pasado.

A finales de junio, el gobernador interino, Francisco Dornelles, decretó el estado de emergencia, y consiguió una ayuda de 2,9 millones de reales del gobierno federal (algo más de 800 000 euros), casi toda ella destinada a garantizar la seguridad durante los juegos. Con el desmantelamiento progresivo de las UPP vuelven a producirse diariamente tiroteos entre la policía y diversas bandas criminales en las favelas de Río de Janeiro. Unos días después del anuncio del estado de emergencia, apareció un cuerpo descuartizado en Copacabana, a pocos metros de la cancha olímpica de vóley-playa. Una semana antes, un grupo de 20 hombres armados con fusiles asaltó un hospital público para rescatar al narcotraficante apodado Fat Family, que había resultado herido durante su detención unos días antes. El suceso se produjo en el centro de Río de Janeiro, a pocos metros del ayuntamiento, la secretaría de Seguridad Pública y el edificio del Mando de las Fuerzas Armadas.

Safaris de favela

Este escenario bélico no es nuevo en Río de Janeiro, donde, en 2007, en vísperas de los Juegos Panamericanos, una operación conjunta de la Policía Militar y la Fuerza Nacional de Seguridad Pública dejó al menos 19 muertos en el barrio conocido como Complexo do Alemão. Al año siguiente, el informe anual del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias citó la matanza, señalando con preocupación que “según el gobierno estatal, esta operación es un ejemplo para las futuras acciones policiales”, y que, de hecho, “este tipo de operación parece haberse convertido en el modelo de actuación: el 30 de enero de 2008, seis personas civiles murieron en una importante operación policial; el 3 de abril, murieron otras 11, y el 15 de abril, 15 más. Tras esta última operación, un alto cargo policial comparó a las personas muertas con insectos, al aludir a la policía como ‘el mejor insecticida social’”.

Para poner en marcha las UPP se pretextó la urgencia por garantizar la seguridad de los extranjeros en los grandes eventos. La primera unidad comenzó a operar el 19 de diciembre de 2008, en la favela de Santa Marta, en el sur de Río, la zona noble de la ciudad. Desde entonces, se han desplegado 38 UPP, que cuentan en la actualidad con 9543 agentes. El proyecto de pacificación se pone en marcha con incursiones apoyadas militarmente, seguidas de una ocupación constante del territorio de las favelas cariocas. En sus primeros años, este modelo operativo debilitó temporalmente el tráfico de drogas en estas áreas, aunque este nunca dejó de existir y, además, se trasladó a otras áreas no pacificadas. No obstante, lo que importa al gobierno es que las favelas que rodean las zonas turísticas y aeropuertos de la ciudad queden pacificadas gracias a este proyecto. Esta falsa sensación de seguridad ha generado en la ciudad una burbuja inmobiliaria que afecta a comerciantes y residentes de todos los barrios. En las favelas, además, y pese a las maniobras cosméticas, la policía continúa reprimiendo a la población local como de costumbre. A diferencia de lo ocurrido en las favelas cercanas a las playas famosas, como Vidigal o Rocinha (que la policía tomó sin dar un solo tiro), en los barrios del norte, como el citado Complexo do Alemão o Maré, la ocupación policial provocó muchas muertes. En unas cuantas favelas de la zona sur de la ciudad han proliferado los hostales y los tours en cuatro por cuatro (que los vecinos llaman “safaris de favela”), pero la realidad de la mayoría de barrios tomados por la UPP es bastante diferente.

El Complexo do Alemão es una aglomeración de 12 favelas con una población total de 70 000 habitantes. Durante la última década ha sido el territorio de la mayor banda criminal de Río de Janeiro, el Comando Vermelho. La pacificación –por llamarla de algún modo– se llevó a cabo en noviembre de 2010 y en ella participó un efectivo de 2700 agentes. El primer día de la operación, el canal de televisión más visto del país transmitió en directo imágenes de los traficantes huyendo hacia la selva y siendo abatidos como patos por francotiradores que disparaban desde helicópteros policiales. Tras la sangrienta operación, se pusieron en marcha las obras del Programa de Agilización del Crecimiento del Gobierno Federal, entre las que destacó la construcción de una red de teleféricos y de bases de las UPP en lugares estratégicos. Aun así, casi seis años después, en el Complexo do Alemão siguen produciéndose tiroteos a diario en los que mueren delincuentes, policías y, sobre todo, gente inocente.

Además de la violencia, otra de las quejas constantes de los residentes se refiere al teleférico. El proyecto se inspiró en una iniciativa similar puesta en marcha en la ciudad colombiana de Medellín. Sin embargo, no se consultó a la comunidad en la fase de planificación, así que el resultado no llega a satisfacer las necesidades de los vecinos, que prefieren seguir utilizando los servicios de lanzaderas y mototaxis. Otra de las protestas se refiere al hecho de que se haya invertido el equivalente a 55 millones de euros en el teleférico, pero no en alcantarillados o en viviendas para la comunidad. La idea de que el teleférico sería una nueva atracción turística y fomentaría la economía local tuvo en un principio visos de realidad, pero la vuelta a los tiroteos diarios redujo drásticamente las visitas. De los más de treinta puestos de artesanía y recuerdos abiertos frente a la estación del teleférico tras la inauguración, hoy quedan solo tres.

‘Homicidios resultantes de acciones policiales’

Según el informe “Você matou meu filho!”: Homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro”, publicado en 2015 por Amnistía Internacional, la puesta en marcha de las UPP “contribuyó a la reducción de determinados índices de criminalidad en zonas específicas de la ciudad. [...] A pesar de estos avances, todavía se producen numerosas denuncias de abusos por parte de los agentes de la Policía Militar de dichas unidades. Entre dichos abusos se incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza y las ​​ejecuciones extrajudiciales”. No faltan casos que respaldan esta afirmación: destacan la desaparición del albañil Amarildo Dias de Souza en 2013, delito por el que deberán responder ante los tribunales más de 20 policías, entre ellos el excomandante de la UPP de la favela de Rocinha. El informe de Amnistía Internacional pone de relieve, además, la práctica de alterar la escena del crimen para intentar justificar las ejecuciones. Unos meses después de la publicación del informe, vecinos de la favela del Morro da Providência, en el centro de Río, fotografiaron a agentes de la UPP colocándole una pistola en la mano a un joven al que acababan de matar y moviéndole el brazo para que pareciese que estaba apuntando.

Las víctimas de ejecuciones llevadas a cabo por agentes de policía son casi en su totalidad hombres (99,5 %), negros (70 %) y jóvenes (el 75%, de entre 15 y 29 años). El informe presenta datos recogidos a lo largo de una década y evidencia un pico de violencia en 2007, con 1330 muertes a manos de la policía; esa cifra se redujo en los años siguientes pero volvió a subir entre 2013 y 2014, periodo en que se registra un aumento en los homicidios de un 39,4 % en el estado de Río de Janeiro y de un 9 % en la ciudad. El estudio revela asimismo un promedio de 23 agentes de policía muertos anualmente en acto de servicio a lo largo de la última década, la mayor parte pertenecientes a la Policía Militar. Las muertes causadas por la intervención policial en Río de Janeiro en 2014 representaron el 15,55 % de todos los homicidios acaecidos ese año. La exactitud en estas cifras se debe al hecho de que el Estado de Río de Janeiro difunde mensualmente, a través del Instituto de Seguridad Pública, los datos relativos a “homicidios resultantes de acciones policiales”, a los que también se les llama “autos de resistencia”, por una figura jurídica de la época de la dictadura militar. El informe aporta multitud de datos y estadísticas y arroja luz sobre una red de cooperación velada entre las fuerzas policiales y la justicia para que no se investiguen o no se dé continuidad a los procedimientos judiciales en los que haya agentes de policía implicados.

Una de las personas que colaboraron en el estudio fue el comisario de policía Orlando Zaccone, cofundador del programa LEAP-Brasil, quien ha realizado una amplia investigación sobre los “autos de resistencia” en el estado. Zaccone descubrió que en 2005, por ejemplo, el 99 % de las causas de autos de resistencia fueron archivadas, alegándose defensa propia. En la audiencia pública en el marco de una investigación del Senado Federal en torno al asesinato de jóvenes, Zaccone afirmó: “La violencia del Estado no es una anomalía de conducta, sino una política estatal de exterminio. Culpar solo al agente de policía que comete el acto violento no es la solución. Hemos de encontrar soluciones políticas”. La pena de muerte no existe en el código penal brasileño, pero en la práctica se aplica a diario: no solo contra los camellos, sino contra cualquier persona que tenga la mala suerte de cruzarse en el camino de alguna de las muchas balas perdidas. En la favela, el asunto es sencillo: te mueres y entonces “te conviertes en delincuente”.

Móviles delatores

La popularización de los teléfonos inteligentes ha contribuido en parte a revertir esta situación. Cabe reseñar un caso del año pasado: Alan de Souza Lima, de 15 años, estaba grabando con su móvil cuando la policía disparó desde el interior de un coche, matándolo a él e hiriendo a un amigo suyo. Acto seguido, los agentes colocaron armas en el cadáver y detuvieron al superviviente, acusando a ambos de traficar con drogas. El montaje fue descubierto unos días más tarde, cuando las imágenes del móvil de Alan se filtraron a la prensa. En abril de 2015, Eduardo de Jesus, de solo diez años de edad, estaba tranquilamente sentado en los escalones de su casa, en el Complexo do Alemão, sin camiseta y mirando su móvil. Se encontraba de espaldas a un agente de la Policía Militar, el cual dirigía un comando que bajaba por la escalera aledaña a la casa: el agente disparó y alcanzó a Eduardo en la cabeza con munición del calibre 762. La masa encefálica del niño quedó esparcida por la calle, los escalones, la pared y el techo del salón de su casa. De no ser por el valor de los vecinos que se atrevieron a grabar el cadáver de Eduardo, lo más probable es que el caso hubiese terminado en la categoría “Otro narcotraficante muerto”. Tras la difusión del caso en los medios, se produjeron multitud de protestas que empujaron al departamento de Homicidios a abrir una investigación, en el marco de la cual se realizó la primera reconstrucción de una escena del crimen de la historia en el Complexo do Alemão. Siete meses más tarde se conoció la desafortunada conclusión de la investigación: el agente había actuado en defensa propia, pues disparó contra presuntos traficantes que estaban al final de la calle, y Eduardo fue alcanzado por accidente. La fiscalía, sin embargo, no aceptó la tesis de la legítima defensa y denunció al autor de disparo de homicidio doloso. El caso deberá ser juzgarse ante un jurado popular.

Esta historia de racismo, control social, abusos policiales e impunidad se sucede desde hace década pero queda siempre justificada por la guerra contra la droga. La última reforma de la ley brasileña, de 2006, despenaliza el consumo y aumenta las penas para los traficantes de 5 a 15 años, aunque no permite discernir claramente entre consumidores y camellos. El resultado inmediato de esta ley fue un aumento del 77,5 % en la población carcelaria en el país. Durante el gobierno de la izquierdista Dilma Rousseff no fue posible plantear un diálogo satisfactorio sobre la política de drogas. Ahora, la suspensión de funciones de Rousseff y su reemplazo por el gobierno conservador de Michel Temer reduce las posibilidades de avanzar a prácticamente cero. No obstante, al igual que ocurre en nuestras telenovelas, famosas en todo el mundo, la crisis política brasileña produce giros imprevistos semanalmente que podrían suponer la caída a muchos otros políticos. Todos esperamos con expectación los próximos capítulos.