Por su capacidad de abrir la mente a nuevas realidades, el consumo de sustancias psicoactivas va con frecuencia de la mano de la inconformidad y el cuestionamiento del statu quo. A menudo personas consumidoras adoptan una forma de vida crítica con esta sociedad desigual, llena de abusos, miseria y dolor en la que vivimos. Y muchos consumidores se preguntan cómo llevar a la práctica un comercio justo a la hora de comprar drogas ilegales, y evitar así financiar con nuestro dinero un negocio cruel y sangriento. Tal y como afirman numerosas voces antiprohibicionistas, ¿son la violencia, la explotación y las tragedias ecológicas que rodean el suministro de sustancias psicoactivas ilícitas consecuencias solo de la guerra contra las drogas? 

El mercado de drogas ilícitas actual está impregnado de violencia, explotación y abuso hacia las personas y hacia nuestra Madre Tierra. A menudo, las voces defensoras de la legalización suelen atribuir la causa de esta violencia a la criminalización del negocio y a la ofensiva que están llevando a cabo gobiernos de distintos países. Count the Costs –el proyecto de diferentes ONG que luchan por reducir los indeseables costes de la guerra contra las drogas– afirma claramente en su informe The War on Drugs: Causing Deforestation and Pollution que es la guerra contra las drogas la que causa la deforestación y contaminación de ecosistemas únicos con un alto nivel de biodiversidad en países como Tailandia, Birmania, México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, incluso en parques nacionales de California, Texas y Arkansas, donde los cárteles mexicanos han empezado a cultivar cannabis. Debido a la clandestinidad en que son obligados a operar los narcos, los cultivos de coca, cannabis y opio suelen estar ubicados en zonas remotas, salvajes, de una biodiversidad extraordinaria. Estos cultivos, junto con los laboratorios que después sintetizan la heroína y la cocaína, son los culpables del vertido de sustancias tóxicas al medio, contaminando la tierra y el agua, llegando a ríos subterráneos y esterilizando los terrenos. Además, los animales que viven en esas zonas se ven desplazados y se quedan sin un hábitat en el que vivir.

Una de las principales estrategias que lleva años practicando la DEA en Latinoamérica para combatir la producción ilícita es la erradicación de cultivos mediante la pulverización de RoundUp, un pesticida marca Monsanto cuyo componente principal es el lamentablemente conocido glifosato. Estas fumigaciones, denuncia Count the Costs, lejos de cumplir con su objetivo causan un aumento en los precios, y lejos de eliminar los cultivos, los desplaza a lugares más remotos e invade de nuevo zonas protegidas, un fenómeno que se conoce como efecto globo. De este modo, al mismo tiempo que en un país la producción disminuye, en el país vecino aumenta. Por otro lado, estas fumigaciones suelen realizarse con avionetas, rociando a personas en muchas ocasiones, causándoles enfermedades a corto y largo plazo.

Y Estados Unidos no escapa al desastre ecológico. En los últimos años, especialmente en California, se ha desatado la polémica sobre la contaminación de espacios naturales causada por el uso de pesticidas y un mal tratamiento de aguas y otros residuos generados en muchas de las decenas de miles de granjas ubicadas en el Estado Dorado. Medios cannábicos y no cannábicos se han hecho eco de la situación, e incluso organismos gubernamentales como la Environmental Protection Agency (EPA) y el California Department of Pesticide Regulation (DPR) han tomado cartas en el asunto.

¿Y qué ocurre con los cultivos de cannabis de interior? Según un estudio elaborado por científicos del Lawrence Berkeley National Laboratory, únicamente en Estados Unidos, la electricidad que se emplea para estas instalaciones representa un uno por ciento del consumo total en el país. Este porcentaje aumenta a un tres por ciento en California, el estado productor por excelencia.

Una guerra contra las personas

Además de las dramáticas consecuencias naturales que hemos visto, millones de personas sufren muertes, desapariciones, explotación laboral y sexual por parte de los agentes implicados en el mercado mundial de drogas ilícitas, ya sean los gobiernos, los cuerpos policiales, las mafias, los cárteles o los señores de la guerra. México y Colombia son ejemplos paradigmáticos de toda la violencia que acompaña y ha acompañado el mercado de drogas ilícito desde la Convención de 1961. El abuso y la violencia policial son otro problema de una gran magnitud derivado directamente de las políticas prohibicionistas. En el mundo existen treinta y dos países que aplican la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, la mayoría en el continente asiático. En países de todo el mundo, cientos de miles de personas usuarias son encerradas en centros de detención obligatoria, siendo víctimas constantes de violaciones de derechos humanos: torturadas, vejadas y abusadas sin haber tenido incluso acceso a un abogado o pasar por un juicio.

En las cárceles de todo el mundo se materializa otra consecuencia directa de la prohibición: se calcula que un cuarto de la población carcelaria mundial está condenada por crímenes sin violencia relacionados con drogas. Muchas veces por cantidades ínfimas o por parafernalia, como ocurre en Rusia o Estados Unidos, por ejemplo.

Y además de toda la violencia que está relacionada directamente con la producción, distribución y venta de sustancias psicoactivas ilícitas, no hay que pasar por alto la violencia, explotación y abusos indirectos que de este negocio surgen. La mayor parte de las veces estas mismas organizaciones están relacionadas con otras actividades infames como la venta de armas, la explotación sexual o el tráfico de personas, incluyendo menores, por lo que si financiamos su negocio de sustancias ilícitas, estamos proporcionándoles recursos para llevar a cabo todo lo demás.

¿La guerra contra las drogas es la única responsable?

“Que es la guerra contra las drogas en sí y el mercado criminal que crea los que exacerban y expanden estos males (más frecuentemente a regiones ecológicamente ricas y frágiles) es demasiado evidente. Ninguno de los daños detallados en este informe tiene lugar en la producción legal de coca, opio o cannabis para usos médico y otros usos legitimados”, afirma Count the Costs en el informe citado anteriormente. Sin embargo, ¿significarían una legalización y regulación mundial la desaparición por completo de todo abuso, explotación, violencia y sufrimiento que actualmente encontramos en el mercado de sustancias ilícitas? Aunque no podamos adelantar una respuesta convincente hasta que estos cambios no tengan lugar, lo cierto es que el abuso, la explotación, la violencia y el sufrimiento existen hoy en otros sectores que no tienen que ver con sustancias psicoactivas.

La legalización y regulación del mercado global, aunque remota, es sin duda una posible solución para dejar a un lado mafias, cárteles, señores de la guerra y otros actores sin escrúpulos que en este momento controlan el mercado. Sin embargo, si esto sucediera, muy probablemente seguirían existiendo empresas con pésimas condiciones laborales para sus trabajadores, como ocurre en otros sectores que operan en la legalidad. Marcas conocidísimas y que cada año ingresan grandes beneficios –Inditex, Nike, Apple, Adidas, Levi’s, Ford, P&G, Kraft, Chicco, Wal-Mart, C&A, H&M, Dole, Nestlé, Coca-Cola, ExxonMobil, Siemens, GAP, DKNY, Triumph, Aldi y un largo etcétera– cargan a sus espaldas serias denuncias de violaciones de derechos humanos por explotación laboral, acoso sexual, discriminación por género, trabajo infantil o financiación de conflictos armados.

Y otro tanto se podría decir sobre la contaminación y sobrexplotación de la Madre Tierra. Porque tal vez olvidamos que el carácter intrínseco del sistema económico capitalista rige nuestras sociedades, con su máxima de crecimiento infinito, su individualismo y su competitividad; valores difícilmente compatibles con la igualdad social y el respeto por la naturaleza.

¿Es posible el comercio justo en la situación actual?

Aquí y ahora, en este contexto y ante estas violaciones de los derechos humanos que envuelven el mercado de drogas ilícitas, ¿cuál sería la solución para consumir de manera ética sin tomar parte de la explotación y el abuso, el sufrimiento y el dolor? La contestación a esta pregunta, dada la complejidad de la situación, nunca será satisfactoria, pero podemos plantear algunas propuestas.

Dejando a un lado la elección extremista de no consumir, la opción más clara es el autoabastecimiento: “Do it yourself”. El cannabis y el opio, por ejemplo, crecen silvestres en muchos países, y cultivarlos no alberga mayor complicación. En el caso concreto del cannabis, ya sabemos que esta revista, internet o una amplia bibliografía proporcionan la información suficiente para tener nuestras propias plantas que nos abastezcan sin necesidad de tener que comprar en el mercado negro. Las plantas requieren cultivo, lo cual ya supone un esfuerzo, pero si hablamos de sintetizar heroína o cocaína, así como producir drogas sintéticas como LSD, cristal (meth), MDMA, anfetamina o speed, necesitamos conocimientos químicos además de laboratorios, precursores y un largo etcétera, lo cual está al alcance de muy pocos.

Algunos apuntan a la Dark Net como una posible vía de acceso a sustancias ilícitas, cuya producción y distribución no estén manchadas de sangre. Si navegamos por la red profunda encontraremos anuncios que aseguran que la coca o la heroína que venden han sido cultivadas sin extorsión ni abuso por familias de campesinos locales de Guatemala o Colombia. Pero, en la situación política actual en la que nos encontramos, sin ningún tipo de regulación ni control global, creer tales afirmaciones se convierte en un acto de fe sin ningún tipo de evidencia.

En esta situación, la coherencia llevada a su máxima expresión es imposible. Pero como personas consumidoras podemos marcar una diferencia siendo selectivas a la hora de elegir a quién compramos y tratar en lo posible de optar por el autocultivo en lo que a plantas se refiere. Y, en la medida de nuestras posibilidades, en las pequeñas asociaciones de consumidores, o como ciudadanos en las regulaciones que ya se están llevando a cabo en distintas partes del mundo, tratar de no reproducir la lógica explotadora capitalista y propiciar la aparición de redes de comercio justo. No olvidar, en definitiva, que también es nuestra la responsabilidad de un mundo mejor, incluso cuando consumimos sustancias ilícitas.