Aunque no lo queramos ver, en la actualidad hay 63.436 personas en prisión, de las cuales el 92% son hombres, el 8% mujeres y casi el 30% tienen nacionalidad extranjera. Eso si tomamos como referencia la web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Porque cuando se trata de buscar datos de población reclusa en España, los números bailan.

 Basta con cotejar los datos de su anuario estadístico con los ofrecidos en su web, para empezar a dudar del talento contable de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: en el 2013, por ejemplo, informan en su web que había 68.440 presos en España, 1.675 más de lo publicado en su anuario.

Lo que no varía es el perfil de las personas en prisión: varones, treinta y nueve años de media, con una situación social precaria, baja escolarización, procedentes de contextos de exclusión y vulnerabilidad y, posiblemente, con algún problema de salud mental. Los delitos suelen ser contra el patrimonio (robos y hurto, un 38% según las últimas estadísticas) o contra la salud pública (23%). Esas dos categorías concentran más del 60% de las personas en prisión. Este perfil también se puede extrapolar al de las mujeres en prisión, quienes además tienen cargas familiares en un amplio porcentaje y son casi el doble las que lo están por tráfico de drogas (el 39% de las mujeres, frente al 21,5% de hombres).

“Las que acaban en prisión son las personas más pobres, más vulnerables, procedentes de barrios desfavorecidos y con problemas de drogodependencias. Suelen ser chicos jóvenes, que comienzan en el consumo de drogas de una manera desordenada, con poco cuidado para su salud, y al meterse en esa espiral de drogodependencia acaban cometiendo muchos delitos de poca entidad, pero que se les van sumando, y acaban en prisión cumpliendo condenas de 15 o 20 años por haberse pasado unos años robando radios de los coches y cosas por el estilo”, declara Jorge Ollero, coordinador del Área Jurídica y de Justicia Restaurativa de la Federación Andaluza ENLACE.

Al preguntarle por los grandes traficantes, Emilio (nombre ficticio), con una amplia trayectoria en el servicio de vigilancia interior de diferentes prisiones, responde: “Esos no entran. Eso es rara avis, es raro que entre alguno. Son listos. Están cubiertos”.

El presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Iñaki Subijana, explica por qué: “La intervención pública es mucho más intensa en los escalones más bajos que en los escalones medios o altos. Actuar en los escalones medios o altos exige un nivel de investigación y de recursos mucho más sofisticados y potentes que el que exige una actuación en el último escalón, en aquello que es visible a nivel de calle”.

Las que acaban en prisión son las personas más pobres, más vulnerables, procedentes de barrios desfavorecidos y con problemas de drogodependencias

La mayoría de las personas que están en la cárcel por delitos contra el patrimonio son personas que o bien han robado para sostener su consumo o lo han hecho por encontrarse en una situación de precariedad y vulnerabilidad. “Si tenemos en cuenta que entre un 70 y 80% de las personas en prisión tienen problemas de drogodependencia, está claro que los delitos que cometen están relacionados con su consumo”, afirma Jorge Ollero.

Son las víctimas de la guerra contra las drogas: encerrados por consumir sustancias prohibidas de las que tampoco se pueden desenganchar aunque quieran (tan solo el 25% tiene acceso a tratamientos de drogodependencias) o por trapichear con ellas para financiar el consumo. Y una vez dentro, enganchados a drogas legales, ilegales o ambas para aguantar (ocho de cada diez personas en prisión han sufrido o sufren algún problema de salud mental). No podemos dejar de preguntarnos si en un contexto de regulación de todas las drogas se vaciarían las cárceles o se buscarían otros mecanismos de control y castigo de poblaciones marginadas

En prisión por cannabis

Pero ¿qué pasa con el cannabis? Según datos del Ministerio del Interior, cerca del 90% de las denuncias y del 56% de las detenciones en el 2012 se produjeron por derivados del cannabis. A lo largo de los años, el hachís viene siendo la sustancia de la que más kilos se incautan (379.762 kg en el 2014), en su mayor parte en las costas de Cádiz, Málaga y Almería (el 35% en el mar y el 26% en las playas). Si a eso le sumamos las incautaciones de marihuana, la mitad de las cuales se producen en Cataluña, se podría llegar a la conclusión de que la mayoría de las personas en prisión por tráfico de drogas lo están por cannabis. Emilio lo confirma: el porcentaje de presos en prisión por cannabis es mayor que por otras drogas.

A Pepe y a sus dos compañeros los encontró la Guardia Civil en medio del mar con la lancha rodeada de fardos de hachís. Era la primera vez que iba a Marruecos. “Si yo llego a saber la película, no hubiera ido. Resulta que me ponen de patrón de embarcación con dos muchachos, con 2.200 kilos. Era una montaña. Yo les pregunté si habían comprobado la flotabilidad de la embarcación. ‘Esto es una goma, esto no se hunde nunca. Venga, venga’. El problema fue cuando estuvimos parados cerca de Alborán, para dejar que cayera la noche. Llamamos al contacto y nos dice que no podemos entrar, que hay un chiringuito abierto. Con el peso, cuando comenzamos a acercarnos lentamente, se mojaron los motores. Le entró agua por la junta y eso ya no arrancaba. Estábamos solo a cuatro millas de la costa. Hicimos mucho jaleo intentando arrancar el motor. Comenzamos a tirarlo todo, y cuando tiramos el último fardo, vino la policía. Tuvimos la suerte de que algunos de los paquetes se hundían, pero los otros, los de buena calidad, no se iban. Y la mar quieta... Al final sumaron 800 kilos. La verdad es que yo llegué a pensar que hicieron que nos cogieran a nosotros para meter otro más gordo detrás, porque fue todo muy sorpresivo. Casi todo el material se hundió, se quedó lo justo. Vinieron muy pronto, las cuatro patrulleras. Por lo menos, la organización con la que yo trabajaba me puso una abogada de pago, y lo pagaron ellos. Los otros, como iban del otro lado, no tuvieron esa suerte”.

También por cultivo de cannabis hay presos en España. La Fiscalía contabiliza 749 actuaciones de la Guardia Civil sobre instalaciones o plantaciones de cultivo de cannabis en el 2014, con 1.051 personas detenidas/imputadas, españoles, ingleses y holandeses en su mayor parte. En esas operaciones, se incautaron 100.313 plantas, que dieron un peso (en seco) de 22.687 kg. El Ministerio del Interior, por su parte, menciona en su anuario estadístico un total de 270.741 plantas incautadas y 15.174 kg de marihuana en el 2014.

Rafael Ramos, abogado con amplia experiencia en casos relacionados con el cannabis, confirma que han aumentado las intervenciones y juicios a cultivadores, especialmente a los de muchas plantas, y declara que “un pequeño sector de la judicatura todavía piensa que el hecho de cultivar marihuana (aunque sea para el autoconsumo) sigue siendo un delito. Esas serían las condenas verdaderamente sangrantes y, aunque afortunadamente no son mayoría, alguna sigue produciéndose”

Muchos presos, poca delincuencia

A pesar de que, tras la reforma del Código penal, el número de personas en prisión ha descendido desde el 2010, se da la paradoja de que los niveles de criminalidad en España –cerca de 45 infracciones penales por cada 1.000 habitantes en el 2014, según el Ministerio del Interior– están muy por debajo de la media de la Unión Europea –62,8 delitos por mil habitantes en el 2013–, y solo por encima de Italia, Portugal y Grecia; mientras que, por el contrario, la tasa de personas encarceladas, 140 personas por 100.000 habitantes, es una de la más altas de Europa Occidental, solo superada por Inglaterra, Gales y Escocia.

“Tenemos una legislación con penas privativas de libertad de duración mayor que las de los países de nuestro entorno, y con un sistema de alternativas a la prisión que no funciona en la práctica. Alguien condenado en España por un mismo delito que un sujeto en otros países, como Alemania u otros países nórdicos, dura más tiempo en prisión. Incluso con la misma pena, porque no funcionan los mecanismos alternativos a la prisión”, explica Juan Muñoz, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga. “Allí eran todos primerizos como yo. Sentencias de echarte a llorar, de cuatro años por tres papelas de heroína”, nos cuenta Pepe.

La situación de las personas presas varía en función de su capacidad de adaptación y sumisión. El acatamiento a las normas significa permisos, visitas, vis a vis, agilización de trámites, revisión de grados, etc. El miedo a las represalias y las dificultades de algunas organizaciones para entrar en las prisiones hacen difícil elaborar un mapa ajustado a la realidad. Además, tras la desaparición o el recorte de presupuesto en diversas comunidades de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOJP) –a través del cual muchas personas presas canalizaban denuncias–, ha disminuido la capacidad de detectar vulneraciones de derechos en los centros penitenciarios.

No podemos dejar de preguntarnos si en un contexto de regulación de todas las drogas se vaciarían las cárceles o se buscarían otros mecanismos de control y castigo de poblaciones marginadas

Muertes sin aclarar

A pesar de estas dificultades, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ha documentado, en el 2014, 55 denuncias que afectan a 56 personas presas en diferentes cárceles del Estado español, entre ellas, la muerte en circunstancias poco claras de 29 personas. La web del colectivo Tokata está plagada de denuncias e información sobre las condiciones de las cárceles españolas escritas por personas presas (http://tokata.info). Amnistía Internacional declara, en su web, “su pesar por la impunidad que parece amparar en España a los funcionarios responsables de tortura y malos tratos y por la falta de garantías para las víctimas de estos delitos de obtener una reparación satisfactoria”. Desde la Federación ENLACE, Jorge reconoce: “No es extraño que se denuncien malos tratos en prisión, pero pocas denuncias se investigan seriamente y menos conllevan condenas”.

Un estudiante de medicina que hacía prácticas en una prisión andaluza describía en junio pasado, en la revista Nada, los riesgos de las personas presas: “Riesgo de padecer tuberculosis, VIH, hepatitis, micosis múltiples, problemas gastrointestinales variados, cánceres, toxicomanías, traumatismos, pérdida de dentadura, defectos sensoriales, envejecimiento prematuro. Riesgo de morir colgado de una soga, riesgo de morir por sobredosis, riesgo de morir desangrado, riesgo de marcarte de por vida, riesgo de perder la cabeza. Riesgo de no volver a ver a los tuyos, riesgo de perder todo lo que eras”.

La misma institución del Defensor del Pueblo reconoce, en su informe anual del 2014, que existen muertes en las que es difícil aclarar la causa. Esto es debido a que no existen pruebas toxicológicas en la mitad de los casos por sobredosis, la segunda causa de muerte después de las catalogadas como muertes naturales (infarto de miocardio, cáncer de pulmón y neumonía). Los suicidios son la tercera causa de muerte, con un aumento de casos en los últimos años. En dicho informe del Defensor del Pueblo también se denuncia la falta de un sistema de registro de quejas por malos tratos y la escasa confidencialidad en las entrevistas a denunciantes; además de constatar casos de malos tratos y abusos sexuales por parte de funcionarios, así como discrecionalidad a la hora de enviar al juzgado partes de lesiones “tras incidentes motivados por la aplicación de medios coercitivos, normalmente de fuerza física”.

“Claro que hay abusos de poder y, debido a que pocas son las plataformas que denuncian estas brutalidades, quedan la mayoría impunes de penas y/o sanciones. En todo mi historial de prisión, cuarenta años, conozco solo ocho denuncias, entre prisiones gallegas y andaluzas, a funcionarios y directores de prisiones. No podemos pretender que sea la persona privada de libertad la que denuncie; si consigue con suerte que su abogado la visite en prisión, después se tiene que quedar ahí, lo cual la expone a nuevas represalias”, afirma Marisa Fernández, coordinadora y presidenta del Colectivo La Calle.

Las denuncias hablan de muertes por falta de asistencia sanitaria o en situaciones poco claras, de régimen especial de castigo y aislamiento, torturas y malos tratos, abusos sexuales, hacinamiento, obstáculos en la tramitación de peticiones, violación de la intimidad, deficiente atención sanitaria, sobremedicación, denegación o modificación de tratamientos médicos, desaparición de cartas postales... “Nuestra política siempre ha sido, aunque te va a parecer una barbaridad, que si hay que darle dos gomazos a uno, son dos, no tres. Pero a veces sí hay que darles dos”, señala Emilio.

La férrea vigilancia de los FIES y las cucarachas en la cocina

Marta, abogada de la asociación Salhaketa de apoyo a personas presas, apunta que los casos de malos tratos y muertes por causas no naturales se producen especialmente en los módulos de aislamiento y primer grado. Uno de los puntos negros de las prisiones en España es el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), creado para las personas consideradas de “máxima peligrosidad” para la institución. Como afirma Iñaki Subijana, en este sistema “el nivel de seguridad que se intenta tener es máximo, por tanto, el nivel de injerencia en la libertad individual es máximo también”.

Cacheos diarios, continuos traslados de celda, aislamiento total, veintitrés horas y media al día de encierro en la celda sin actividades programadas de ningún tipo, pocos metros de patio y con la única compañía de otra persona presa que se encuentre en la misma situación, pero sin poder hablar con ella. Las condiciones que se sufren bajo el régimen FIES incluyen, además, restricciones de lo que se puede tener en la celda (libros, publicaciones, fotos, etc.) –supuestamente para facilitar la labor del registro que se realiza diariamente–, así como una vigilancia permanente, que se concreta en un parte diario en el que se hace constar con quién se relaciona, qué hace durante el día y su comportamiento frente a la institución. También se hace un seguimiento, con censura en muchos casos, de todas las comunicaciones que la persona presa mantiene con el exterior, sean por teléfono o escritas.

“La situación de las personas incluidas en FIES 1 –aquellas que son las clasificadas como ‘peligrosas’ y conflictivas, pero también las más rebeldes y combativas– no comporta ningún beneficio y sí un recorte de derechos continuo y, lo que es más preocupante, aplicado con gran arbitrariedad por la administración penitenciaria”, afirma Marta, de Salhaketa.

A esta situación de la población reclusa se añade la falta de recursos y de personal que denuncia el funcionariado y constata el informe del Defensor del Pueblo. Un caso paradigmático es el centro penitenciario de Albolote, en Granada. En septiembre pasado, cuatro sindicatos exigieron el cierre de cinco módulos por falta de personal y denunciaron un hacinamiento del 150%. Emilio, destinado actualmente en Albolote, lo corrobora: “Falta gente, tendríamos que estar cinco funcionarios por módulo, y con suerte estamos cuatro, y tenemos que irnos de vacaciones”. Los recortes en personal han afectado las condiciones higiénicas de la prisión, hasta el punto de sufrir una plaga de cucarachas en la enfermería y en la cocina. El personal médico, por su parte, ha denunciado falta de respeto hacia ellos y hacia algunos presos, acoso laboral, vulneración del principio de confidencialidad y necesidad de dependencias para tratar adecuadamente a la población psiquiátrica.

Si no hay reinserción, ¿para qué la prisión?

A pesar del sufrimiento asociado a las prisiones, su objetivo central de reinserción no se cumple en la mayoría de los casos. Marta, de la asociación Salhaketa, afirma: “Uno de los principales problemas de las personas presas es la falta de actividades formativas, laborales y ocupacionales que existe en la cárcel. También la primacía del factor de seguridad sobre el resto de supuestas funciones que teóricamente debe asumir la prisión”.

Ante la pregunta sobre si la prisión reinserta, Juan Muñoz responde: “Creo que difícilmente. Sobre todo, por la situación real que tienen de superpoblación, sin suficiente equipo técnico, entre otras carencias. Pero que sea difícil no significa que se deba perder el objetivo. Otra cosa es que el encierro sea un medio idóneo para reinsertar: preparar a una persona para vivir en libertad estando privada de libertad es una contradicción difícil de resolver”. Emilio, el funcionario de prisiones, responde a la misma pregunta con un rotundo no, y añade tajante que en todos los años que lleva trabajando en la cárcel no ha conocido todavía a un reinsertado.

Entre las alternativas a la prisión está cobrando auge la denominada justicia restaurativa. Jorge Ollero nos explica: “La justicia restaurativa puede definirse, de manera general, como un marco conceptual y un movimiento sociopolítico que trata de modificar el sistema de justicia penal existente”. Los objetivos básicos serían atender mejor a las necesidades de las víctimas, los infractores y la comunidad, dándoles participación directa en la resolución de sus conflictos penales. Se trata de fomentar la restauración de las relaciones y reparar el daño causado, disminuyendo la naturaleza punitiva y excluyente de las actuales respuestas penales. En España, la justicia restaurativa se aplica sobre todo a través de la mediación penal, aunque todavía queda mucho para que su aplicación sea generalizada.

Mientras tanto, “lo que más falta hace, para dar el paso hacia las alternativas, es cambiar el imaginario social a través de la visibilización y sensibilización de la realidad penitenciaria, de sus problemas y necesidades, desde una perspectiva abierta y educativa. Hacer a los presos y a las presas visibles de una vez”, finaliza Marisa.