Hace unas semanas ni el más optimista habría creído que este día llegaría tan pronto. En España, a partir del 1 de octubre, se podrá conseguir cannabis legalmente en los estancos y en los dispensarios de la concesión La Flor Verde.

Las asociaciones de consumidores, algunas de ellas enmarañadas en procesos judiciales, tienen un mes para poner al día sus cuentas y regularizar su situación. Y cualquier adulto mayor de edad podrá cultivar sin temor a decomisos ni a multas un máximo de 19 plantas. Queda por arreglar la situación de los presos, pero el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se ha pronunciado en favor de revisar las penas y, siempre que no haya delitos de sangre vinculados al encierro, proceder a una amnistía. “El Estado debe pedir perdón a las víctimas de la violencia prohibicionista”, han dicho desde la organización de derechos humanos ProhibidoProhibir, que han recordado que la regulación del cannabis debe ser un primer paso para regular todas las sustancias.

Junto con las medidas adoptadas en el ámbito del consumo recreativo a favor de la reducción de daños, el control de riesgos y la autogestión del placer, una cuantiosa partida económica ha sido puesta al servicio de la investigación terapéutica. “Se trata –ha dicho la ministra de Sanidad, Carmen Montón, reconocida como la impulsora de la regulación en el gobierno central– de apoyar con fondos públicos la investigación médica llevada a cabo desde hace años con fondos privados. Empezaremos con ensayos clínicos sobre el glaucoma y sobre el poder antitumoral de los cannabinoides”.

El presidente Pedro Sánchez ha asumido personalmente la reforma, la más avanzada de Europa, y la ha relacionado con otros hitos de la historia reciente de España, “un país moderno, a la cabeza de occidente en medidas sociales como el matrimonio homosexual, la eutanasia o la regulación del cannabis”. “El próximo consejo de ministro –ha dicho el presidente a los medios– lo vamos a celebrar fumándonos un porro gordo”.