Empezó la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS, sus siglas por su nombre en inglés), dedicada al problema de la droga, el 19 de abril de este año. Y lo hizo por donde debió terminar: lo primero que vimos fue la aprobación del documento final y, después, con el texto blindado, se iniciaron los discursos y las intervenciones, inútiles para el resultado aunque convenientes para pulsar el estado de la cuestión.

El rimbombante título del documento aprobado –“Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de la droga”– y todo su contenido llegaron cerrados de la Comisión de Estupefacientes, reunida en Viena en marzo. En esta Comisión no están representados todos los estados miembros de NU (153), solo acuden 54: es decir, el consenso que se impone y traslada a todos lo cocinan poco más de un tercio y lo hacen fuera del ámbito de influencia de los organismos de NU dedicados a derechos humanos, salud o desarrollo.

Cuando en el 2012 Colombia, México y Guatemala forzaron la celebración de esta UNGASS para el 2016, adelantándose la fecha prevista del 2019, buscaban colocar en NU el debate que ya estaba en el mundo: la prohibición de las drogas ha fracasado como forma de controlarlas y ha provocado más desastres que beneficios (si es que ha habido alguno), por lo que debe plantearse otra forma de regulación distinta a la meramente represiva que ahora impera. El secretario general, Ban Ki-moon, prometió un debate abierto y que considerase todas las opciones (y todas, son todas, incluidas las de regulación de mercados lícitos), pero esto no se ha cumplido.

Era evidente que esta UNGASS 2016 no iba a acabar con los tratados de fiscalización ni con la prohibición y represión hoy imperantes; también era claro que al día siguiente ni estaría legalizado el cannabis en todo el planeta, ni se sustituiría la cárcel por la reducción de daños, ni habría cultivos legales de coca, ni la heroína sería dispensada a cualquier dependiente en un hospital. Pero lo que no estaba tan claro era que los avances del documento serían tan pobres y no precedidos por el debate que anunció Ban Ki-moon.

Tímidos avances

Veamos las novedades del documento en relación con las anteriores consignas de alcanzar “un mundo libre de drogas”. Esta quimera fue declarada meta a lograr en el 2008 por la anterior UNGASS de 1998. Sobra decir que llegó el 2008 y no solo no se había acabado con las drogas, sino que cada vez había más drogas, más baratas, más potentes, más disponibles y más peligrosas, y que el crimen organizado, la corrupción y la ingobernabilidad en algunos países cada vez tenían mejor salud. Ante este clamoroso fracaso (cualquier política, incluida la de drogas, se valora por sus resultados –daños colaterales incluidos– y no por sus deseos), a la UNGASS 2016 se llega con una larga lista de peticiones de racionalidad, eficacia y tratamiento acorde con los derechos humanos. ¿Qué es lo que se ha conseguido? ¿Cuáles son las declaraciones satisfactorias del documento y los avances sobre la absurda prohibición? Enumeramos lo positivo:

1.º — Se sustituye la meta de “alcanzar un mundo libre de drogas” por la de “promover activamente una sociedad libre del uso indebido de drogas”. Hay que reconocer que el objetivo deja de ser quimérico, para convertirse en más realista: no se trata de alcanzar lo inalcanzable, sino de trabajar en una línea más posibilista. Además, se reconoce que no todo uso de drogas es “indebido”, y esto quiere decir, o que no todo uso es problemático, o que no todo uso debe ser perseguido. Está bien que se digan estas cosas, pero ya las sabíamos desde hace mucho –la antropología y la realidad nos las enseñaron–. Por otro lado, si el objetivo ahora va a ser promover una sociedad libre del uso indebido, está claro que ese objetivo se alcanza mejor desde un sistema de regulación controlada por el Estado, que desde un sistema de prohibición y represión.

2.º — Se afirma que en el abordaje de la reducción de la oferta y de la demanda y de la cooperación internacional se deberán respetar los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad, así como la soberanía de cada estado. Es fácil estar de acuerdo con lo anterior, pero es llamativo que sea esta una nueva declaración de NU en el siglo xxi. Y la pregunta que salta a la vista es la siguiente: ¿es que hasta ahora no se respetaban los derechos humanos y la soberanía de los estados?

3.º — Se reconoce el papel de la sociedad civil –incluidas las poblaciones más afectadas–, de la comunidad científica y del ámbito académico en el abordaje de las cuestiones sobre drogas. Esta declaración es esperanzadora; solo falta que los organismos de drogas de NU abran la puerta a estos interlocutores y les dejen entrar hasta el fondo y que no se les vuelva a tratar como lo hizo en el 2010 Antonio María Costa, el zar antidrogas de NU, que en la 53.ª Comisión de Estupefacientes se refirió a las ONG presentes como “los defensores de las drogas”; lo que pedían estas organizaciones era el suministro de los medicamentos esenciales paliativos del dolor a cualquier persona que los necesitase, y él les respondió que esa era “la puerta trasera para lograr la legalización”, que NU “no era un club de debate” y que no se admitirían los discursos de esa “gente de clase media que dicen que quieren promover la reducción de daños, pero que realmente promueven el consumo de drogas”. Y dijo más el zar antidrogas: que los que quieren la modificación de los tratados son los que “se divierten en su papel de marcadores de tendencias”.

4.º — Se manifiesta preocupación por la escasa disponibilidad de drogas fiscalizadas para usos médicos dados los complejos mecanismos existentes para su obtención. Lo anterior es cierto y contraría el fin que decían perseguir los tratados de hacer posible el acceso de todos a las sustancias con finalidad médica. Lo sorprendente es que hayan tardado cincuenta y cinco años en darse cuenta de que, en África, el 80% de los epilépticos –según la OMS– no pueden acceder al fenobarbital que necesitan.

5.º — Se reconoce la importancia de incluir la perspectiva de género y de edad en las políticas de drogas. Con independencia de que en ocasiones se afirme la asunción del enfoque de género como elemento meramente legitimador de una política, lo cierto es que, tratándose de las actuales políticas de drogas, su impacto negativo se evidencia en muchos grupos o sectores: mujeres, niños, campesinos, pueblos indígenas, pobres, negros, etc. Son muchos los intereses que deben ser protegidos (o no agredidos).

Hasta aquí, lo “bueno” del documento. Pero si todo esto va a ser posible sin modificar los tratados, una de dos: o se van a empezar a violar o, hasta ahora, se han aplicado más allá de lo que era debido.

Sombras y ausencias

A continuación, veamos, telegráficamente, lo más negativo y las grandes ausencias:

- con carácter general, se sigue considerando que los males que hoy asolan al planeta en materia de drogas son consecuencia del llamado “problema mundial de las drogas”, cuando lo cierto es que la mayoría de esos males no son hijos del consumo de drogas, sino de la guerra contra las drogas;

- se reafirma que los tres tratados internacionales de fiscalización de drogas son “la piedra angular del sistema”, por más que se reconozca que hay “otros instrumentos internacionales pertinentes”; no parece que haya intención de admitir la reforma de los tratados;

- se reconocen “avances tangibles en algunas esferas”; salvo que se nos expliquen qué avances son esos, los únicos visibles son los referidos al fortalecimiento del crimen organizado, la corrupción y la insalubridad;

- se reconfirma el papel de la Comisión de Estupefacientes, de la Oficina de NU contra el Crimen y el Delito y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, sin atisbo alguno de crítica por alguna de sus actuaciones estelares;

- se afirma que los tres tratados “ofrecen a los estados partes suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades”. Esta declaración es, aparentemente positiva, pero provoca inseguridad jurídica. La poca flexibilidad de los tratados ya ha sido utilizada en muchos países, por ejemplo, para no castigar con cárcel el consumo de drogas, y ha sido sobrepasada en otros que han regulado el ciclo completo del cannabis. La invocación de la flexibilidad parece interesante para no atacar algunas experiencias de legalización recientes y no tener que decir que se están violando los tratados; pero esto provoca inseguridad jurídica y denota que se prefiere que se violen los tratados, antes que modificarlos;

- no se aprueba la moratoria para la no aplicación de la pena de muerte; es decir, se sigue considerando que la pena de muerte es idónea para los delitos de tráfico de drogas, incluidos los no violentos;

- y la gran ausente, la innombrable: la reducción de daños; seguimos como en los momentos cumbre de la alegría prohibicionista y de la fe ciega en que era posible acabar con las drogas. Era la década de los noventa y, como se iba a acabar con el flagelo, no habría ningún daño que reducir. Pero hoy, veinticinco años después, ya se sabe que esto no va a ocurrir, por lo que no se entiende la resistencia absurda a admitir el término “reducción de daños”, por más que después el documento admita algún procedimiento concreto de reducción de los que se llevan utilizando con éxito en Europa varias décadas: intercambio de jeringas y sustitutivos, que aparecen denominados como “programas relacionados con el equipo de inyección” y “terapia asistida por medicación”;

- falta cualquier mención al cannabis y a los ordenamientos que hoy regulan su producción, venta y consumo: ¿caben o no dentro de la flexibilidad?; no hay respuesta.

Diagnóstico final

Hasta aquí, las luces y sombras del documento; opiniones encontradas entre los que creían que se llegaría a más y los que creen que algo se ha avanzado. Mi diagnóstico: decepción esperanzada. Decepción, porque han sido muchos los desastres y esfuerzos para llegar a la UNGASS 2016 y parciales los resultados. Esperanza: porque es obligado aprovechar lo poco que se ha reconocido para lograr más en el 2019 y para que algunos países se sientan más libres en buscar sus “soluciones nacionales”.

Con todo, lo mejor de este proceso y de la UNGASS podría resumirse así:

1. Aunque el consenso de unos pocos de Viena se ha impuesto a todos, al menos ha quedado patente el disenso de muchos.
2. El discurso del presidente Santos anunciando que Colombia es dueña de su destino y de sus soluciones en cuestiones de drogas.
3. El movimiento político, académico y de sociedad civil que desde el 2012 se ha producido y que debe reforzarse de cara al 2019.