La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó ayer en su red social X un artículo sobre el consumo y la producción de cannabis ilegal en España. “El Gobierno no está haciendo nada para evitar esta lacra que está destrozando millones de vidas por todo el mundo” —escribió en su cuenta de la red social— “El negocio de la marihuana, una estafa de daños incalculables, no deja de crecer en España”.
Aunque la presidenta de Madrid dijo que el Gobierno no está haciendo nada contra la marihuana, lo cierto es que cada año el Ministerio del Interior gasta varios millones de euros en intervenir plantaciones de marihuana y perseguir a todo aquel que esté relacionado con la planta, desde personas pagadas por mafias que cultivan marihuana para exportarla al extranjero hasta pequeños cultivadores que la plantan para su uso personal, clubs que cultivan para evitar el mercado ilegal o simples usuarios de la planta que la consumen por razones médicas o lúdicas.
El artículo que compartió la presidenta —un reportaje publicado en El Mundo— hace un repaso a la situación del cannabis en España, empezando por el peligro que supone para la salud de los usuarios tener que acudir al mercado ilegal para abastecerse de cannabis que muchas veces contiene hongos o bacterias. El reportaje también menciona la edad de inicio del consumo de cannabis, que según el último informe sobre el uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), se sitúa en la edad de 14 años y 11 meses. Aunque es motivo de alarma que los menores de edad empiecen a consumir tan jóvenes, la edad de inicio se ha mantenido estable desde hace casi tres décadas. También se mencionan la baja percepción de riesgo del cannabis y la falta de campañas de educación e información para alertar de los mismos a la población.
A pesar de que el reportaje expone estos y otros problemas derivados de la actual situación de ilegalidad del cannabis, en todo momento evita mencionar la que cada vez más territorios ven como la mejor solución para atajarlos: la regulación integral del cannabis. Aplicar modelos de regulación como los que se están considerando en Alemania, Malta, Suiza, Luxemburgo, Canadá o EE UU reduciría la presencia de cannabis contaminado con hongos y bacterias, limitaría las formas de acceso al cannabis para que los menores de edad tuvieran más difícil acceder a él y permitiría financiar campañas de prevención y educación, así como recursos públicos para las personas que desarrollan problemas derivados del consumo.
Está claro que a Isabel Díaz Ayuso no le interesa dar información, sino crear barullo y confusión. Para muestra de ello basta con prestar atención a otro post suyo de la red social X que publicó hace unos días con el texto “Pero quedó prohibido fumar tabaco en las terrazas”, en referencia a la propuesta que baraja el Ministerio de Sanidad de prohibir el consumo de tabaco en terrazas, acompañando la frase con dos imágenes en las que se ve a personas de Estados Unidos en una aparente situación de exclusión social, sin hogar y con problemas de adicción a los opioides, como si dichas imágenes tuvieran alguna relación con la situación de España (que no la tienen).
