La historia se repite en Cataluña y el Estado español, esta vez sin cuestiones nacionalistas de por medio. Igual que sucedió con la regulación catalana de las asociaciones de consumidores de cannabis, ahora el Gobierno central planea tumbar una ley aprobada por el parlamento catalán —e impulsada desde la sociedad civil— que desde hace unos meses aplica una mínima regulación a los alquileres de Cataluña en zonas con mucha presión inmobiliaria, en donde los precios de los alquileres han experimentado importantes subidas en los últimos años.
La regulación del precio de los alquileres en España era uno de los pactos acordados por el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición. Ambos partidos acordaron en octubre aprobar un proyecto de ley estatal sobre la vivienda antes de marzo —que incluyera la regulación de los precios— pero el acuerdo fue dinamitado por el PSOE en febrero. “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado”, dijo el ministro Ábalos en una rueda de prensa de febrero en la que dio cuenta de que no pensaban cumplir con lo prometido en el acuerdo de Gobierno.
Mientras tanto, en Cataluña, el Sindicat de Llogaters (“Sindicato de Arrendatarios”) impulsaba una proposición de ley autonómica para aprobar una regulación que pusiera freno a las subidas de nuevos contratos de alquiler por encima de la media de los barrios en 60 municipios catalanes con mucha tensión inmobiliaria. La ley fue aprobada en septiembre con apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios y con el respaldo de numerosas asociaciones civiles.
Ahora, el Gobierno central planea imponer un recurso exprés de inconstitucionalidad a la ley aprobada en Cataluña, y llevarla ante el Tribunal Constitucional, para impedir que la regulación de precios aprobada en el territorio catalán se mantenga. El actual Gobierno ha optado por seguir la misma estrategia que el Ejecutivo del Partido Popular aplicó en 2018 con la ley catalana para regular las asociaciones de consumidores de cannabis, impulsada por la sociedad civil y aprobada por el parlamento, así como con la ley homónima aprobada en Navarra, que quedaron sin efecto tras el recurso y definitivamente tras la sentencia.
“Si el Gobierno del Estado decidiese impugnar la ley en el próximo consejo de ministros (15 de junio), implicaría su suspensión inmediata. Se trata de una noticia preocupantes para las miles de familias que en los últimos meses se han podido beneficiar de la regulación y, sobretodo, de las que están a la espera de firmar renovaciones”, ha dicho el Sindicat de Llogaters en una nota de prensa.
Los datos actualizados de la Agencia de la Vivienda catalana, publicados la semana pasada, indican que ley está tendiendo el efecto esperado, puesto que se ha registrado una bajada de los precios de alquiler en las zonas reguladas, y se ha visto que la regulación no ha paralizado la oferta de alquiler de viviendas, como argumentaban los detractores de la ley.
Desde el @Congreso_Es: Un gobierno que se dice progresista no puede ceder ante las presiones de una minoría especulativa. Toca hacer lo contrario: tomar nota de una regulación de alquileres QUE YA HEMOS DEMOSTRADO QUE FUNCIONA pic.twitter.com/aoNYk5k5Wa
— Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) June 10, 2021
