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Decomisan 12 kilos de sulfato de anfetamina en La Rioja

Una operación de la Guardia Civil en Alfaro (La Rioja) ha revelado la existencia de un centro de suministro de sulfato de anfetamina —conocido como "speed"— que abastecía a pequeños distribuidores de La Rioja Oriental y la Ribera Navarra.

El operativo, denominado Edmar, culminó con la detención de una pareja y la incautación de más de 12 kilos de esta sustancia, lo que equivaldría a unas 48.000 dosis según cálculos policiales. La intervención fue anunciada públicamente el 22 de octubre de 2025, tras meses de investigación y vigilancia.

Coordinado por el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), el caso permitió identificar una vivienda en Alfaro como centro logístico del tráfico. Además de la droga, en el domicilio se incautaron dosis de éxtasis, herramientas de manipulación, 22.000 euros en efectivo y otros 191 gramos de speed. La operación culminó con el ingreso en prisión de las dos personas implicadas.

Las autoridades calificaron el inmueble como "santuario del speed", metáfora utilizada para describir su importancia como nodo de distribución durante periodos festivos. Este lenguaje, aunque cargado de connotaciones, refleja la dinámica de una red de abastecimiento adaptada a las demandas locales bajo un contexto de mercado ilícito.

Desde una perspectiva de salud pública, el decomiso vuelve a poner en evidencia los riesgos de una circulación clandestina de sustancias, sin controles sobre su composición ni potencia. Estimaciones sobre dosis o valor de mercado, si bien útiles para dimensionar la operación, no deben sustituir análisis más complejos sobre patrones de consumo, adulteración y riesgos reales para la población usuaria.

El caso también permite observar cómo las redes se reconfiguran ante el esquema prohibicionista y comienzan a considerar la dispersión logística, producción en domicilios particulares y abastecimiento condicionado por el calendario social. Estas dinámicas solo evidencian la insuficiencia del enfoque exclusivamente represivo y su efecto no es más allá de interrumpir un circuito de suministro. Frente a ello, hacen falta políticas reguladas, estrategias de reducción de daños y marcos legales que garanticen información, control de calidad y seguridad para los usuarios.

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