El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se ha negado a firmar una modificación de la ley de drogas aprobada en el parlamento luso hace un mes y en su lugar ha decidido enviarla al Tribunal Constitucional. Rebelo de Sousa, de perfil conservador, ha justificado su rechazo a la ley por una supuesta falta de consultas a las autoridades de las dos regiones autónomas del país, que según este debe realizarse.
Según la información publicada por Europa Press, el presidente envió una carta al Constitucional aludiendo específicamente a que no se ha consultado a las autoridades de Madeira y de las islas Azores antes de adoptar la reforma de la ley, afirmando que las drogas mencionadas en la ley tienen especial incidencia en estas regiones. Además el presidente afirma tener sus “reservas” personales respecto al proyecto. Rebelo de Sousa se ha opuesto con anterioridad a otras leyes aprobadas en el país, como fue el caso de la ley de eutanasia.
La ley en cuestión fue aprobada para extender la despenalización de las drogas aprobada en 2021. La modificación anula la distinción automática entre consumidores de drogas y traficantes que se aplica desde 2001 teniendo en cuenta únicamente si la cantidad de droga intervenida era mayor o menor que 10 dosis de una sustancia ilegal. La nueva ley estipula que si la policía sorprende a un ciudadano con más de 10 dosis no se le aplicará un cargo por tráfico de drogas automáticamente, sino que esto quedará a discreción de la fiscalía, y la cantidad intervenida sólo se utilizará como un indicio.
La ley aprobada fue el resultado de dos proyectos de ley distintos, uno presentado por el Partido Socialdemócrata (PSD) y otro presentado en junio por el Partido Socialista (PS). Además de eliminar el apartado de la ley que establecía que la cantidad de droga intervenida debía usarse como signo inequívoco para diferenciar al usuario del traficante, la modificación de la ley también ha incluido a las nuevas drogas sintéticas aparecidas en los últimos años en la lista de sustancias ilegales despenalizadas, equiparando el trato jurídico que estas reciben con el de las drogas clásicas incluidas en la despenalización de 2001.
