La Audiencia de Málaga está en proceso de juzgar a nueve personas acusadas de narcotráfico entre las que se encuentran tres agentes de la Guardia Civil. Los agentes acusados supuestamente ayudaban a introducir hachís en España desde Marruecos y enfrentan una petición de nueve años de cárcel para cada uno y la inhabilitación para cualquier empleo público durante 25 años.

La investigación policial que ha derivado en la acusación se inició por parte del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil sobre uno de los agentes, y con el tiempo condujo a la implicación de otros dos más. Según el argumentario de la acusación, los agentes “formaban un grupo organizado y jerarquizado que tenía como finalidad llevar a cabo la introducción de sustancias estupefacientes en el país en colaboración con diferentes organizaciones dedicadas al narcotráfico”, afirma Diario Sur.

Los agentes acusados se dedicaban a prestar ayuda a bandas narcotraficantes que trabajaban en el Estrecho de Gibraltar. Según la acusación los policías facilitaban información a los traficantes sobre los modos de burlar el Sistema Integral de Vigilancia Exterior o utilizaban sus turnos para encubrir las actividades delictivas. Su colaboración tenía un precio “en función de los servicios requeridos”, asegura la Fiscalía.

La investigación de Asuntos Internos llegó a la conclusión de que en una operación los guardias civiles cobraron 7500 euros por cabeza a cambio de no interceptar una embarcación que transportaba 750 kilos de hachís. Los tres agentes enfrentan una acusación por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos. Por su parte, el resto de acusados enfrentan una acusación por delitos contra la salud pública, de conspiración y de pertenencia a grupo criminal, con una solicitud de penas de entre cinco y nueve años de cárcel.