Ayer, la Audiencia de Girona comenzó el juicio contra un cabo y dos agentes de los Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de Farners acusados de vender cannabis incautado en operativos policiales. La Fiscalía pidió penas de 12 años y 9 meses por haber cometido los delitos contra la salud pública, pertenecer a una organización criminal, hurto, falsedad en documentación oficial y descubrimiento y revelación de secretos. Por su parte, la defensa solicitó la nulidad del proceso judicial que terminará este viernes cuando se dicte la sentencia.
Según la acusación de la Fiscalía, los tres mossos crearon una organización para quedarse con la marihuana decomisada en diferentes redadas policiales. Después la comercializaban gracias a la ayuda de otras dos personas que no pertenecen a las fuerzas de seguridad catalanas. Los acusados son el cabo Salvador Horta Muntaner García-Jubany Salva y los agentes Juan Francisco Pozo Alba y Óscar Hernandez Rojo. Mientras que Albert Borrel Gómez y su esposa, Margarita Vicenç Fernández, propietarios de una carnicería, son los apuntados de vender la marihuana. Para estos últimos la Fiscalía pidió una pena de cinco años de prisión.
“Se aprovecharon y abusaron de su condición de policías”, sostiene el escrito de la Fiscalía sobre la acusación de los hechos sucedidos en el año 2020 y que se refieren al haber conformado un grupo criminal que robó el cannabis decomisado en diferentes operaciones para “desviarla subrepticiamente hacia “el tráfico en el mercado ilícito”. Sin embargo, la defensa de los acusados pidió la nulidad del juicio porque denunciaron irregularidades en el proceso de investigación. Algunos de los argumentos de los abogados son que el delator del caso no figura entre los acusados y que algunas de las pruebas, como la colocación de micrófonos en los automóviles de los mossos, se realizaron sin indicios suficientes.
Se espera que este viernes la Audiencia de Girona dicte la sentencia para los acusados. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicitó el pago de multas superiores a los 80 mil euros para cada uno de los acusados.
