La reciente modificación de la “Ley Antimafia” en Argentina ha generado gran controversia y preocupación en torno al respeto de los derechos fundamentales. Promulgada el pasado 7 de marzo, esta reforma, conocida como Ley 27.786, otorga a las fuerzas de seguridad y a los fiscales una serie de herramientas de intervención sin precedentes, afectando a un amplio espectro de delitos como el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, los homicidios y el terrorismo.

Uno de los aspectos más polémicos de esta ley es la autorización para realizar intervenciones telefónicas sin necesidad de una orden judicial previa. En zonas designadas como “sujetas a investigación especial”, se podrá llevar a cabo escuchas telefónicas, allanamientos y otras medidas intrusivas sin el control de un juez, lo que pone en duda la legalidad de estas prácticas. Esta disposición se extiende a las detenciones administrativas sin condena, que pueden prolongarse hasta 15 días y ser prorrogables, sin la debida revisión judicial.

La ley también introduce el concepto de “responsabilidad penal por vinculación con una organización criminal”, lo que implica que, con solo ser considerado sospechoso de tener algún tipo de relación con una red delictiva, una persona podría ser procesada sin pruebas concretas. Esto elimina la presunción de inocencia, al no requerir pruebas claras de la participación directa en un delito.

Además, la “Ley Antimafia” elimina el juicio abreviado, un mecanismo que permitía llegar a acuerdos más rápidos y transparentes en ciertos casos, lo que aumenta aún más las facultades discrecionales de fiscales y jueces. La ampliación del concepto de “asociación ilícita” y la ambigüedad de términos como “sospecha fundamentada” permite que se apliquen medidas de forma arbitraria, lo que compromete la justicia y la proporcionalidad de las sanciones.

Esta modificación de la ley genera serias inquietudes sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos civiles, dejando en manos del sistema judicial una gran cantidad de facultades sin las debidas garantías.