La propuesta más concreta es SB 1725 donde el texto encuadra el “humo y olor excesivos” como una molestia que podría derivar en “criminal nuisance” (delito menor) abarcando no solo los espacios públicos ya que la popuesta incluye patios, jardines y consumo doméstico si el rastro llega a terceros. En tanto, la resolución SCR 1048 apunta en la misma dirección, reforzando la idea de que el problema no es el acto de consumir, sino su “impacto” sobre otras personas.

El alcance práctico de los proyectos va más allá de una multa porque los cambios permitirían acciones civiles y pedidos de órdenes judiciales para hacer cesar la conducta, con participación de residentes afectados, asociaciones de propietarios y autoridades locales. También se prevé que, si el propietario no actúa, los costos de intervención puedan trasladarse a la vivienda como gravamen. 

El 20 de febrero, la Comisión de Justicia y Elecciones del Senado aprobó SB 1725 (5–2) y avanzó SCR 1048 (4–3), de acuerdo con la prensa especializada. La discusión se concentró en la palabra excesivo y en su versión inicial, el término no venía definido. Reportes posteriores registraron un intento de acotarlo como algo capaz de ser detectado desde la propiedad privada de un tercero.

El senador republicano J.D. Mesnard ha dicho que la iniciativa no persigue un “gran crimen”, sino un estándar mínimo de responsabilidad frente a niños y familias expuestos a olores intensos. Críticos del proyecto advierten que legislar el olor reintroduce discrecionalidad, habilita denuncias cruzadas, afectando a pacientes y usuarios responsables.

El patrón se repite en los lugares que ya legalizaron el cannabis. En Malta, por ejemplo, el Parlamento aprobó en mayo de 2025 la Ley 128, que introdujo multas administrativas por “olores fuertes” de cannabis (entre 50 y 235 euros) incluso en el ámbito privado cuando generan molestias a terceros, además de ampliar facultades de inspección y exigir el registro de datos personales de miembros de clubes.