En un comunicado reciente, la entidad presidida por Nicolò Panciera di Zoppola Gambara advirtió que la falta de criterios claros amenaza con paralizar a una cadena de valor que incluye agricultura, transformación y usos industriales que van desde alimentos y cosméticos hasta bioingeniería y construcción verde. 

Según Confagricoltura, la producción de cáñamo en Italia emplea a decenas de miles de personas y aporta ingresos fiscales relevantes. La petición solicita al Gobierno un pronunciamiento interpretativo que confirme la plena legalidad de las actividades de cáñamo industrial y estandarice los controles administrativos para dar certidumbre a operadores y fuerzas del orden.

El punto de conflicto es el artículo 18 del Decreto Seguridad, que modifica la Ley 242/2016 (promoción del cáñamo industrial) y, de hecho, prohíbe la importación, cesión, transformación, distribución, comercio, envío y entrega de inflorescencias de cáñamo, incluso semielaboradas o secas, con independencia del contenido de THC. En paralelo, la norma sitúa a cannabinoides como CBD, CBG o CBN en el régimen de estupefacientes, difuminando la distinción legal entre cáñamo no psicoactivo y cannabis de uso recreativo. Diversas asociaciones y autoridades regionales han calificado la medida de ideológica y contraria a la evidencia científica y al mercado único europeo.

En Bruselas también hay presión. En enero de 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) admitió una queja contra las restricciones italianas y pidió información a la Comisión Europea, que aún evalúa el caso. Además, la Comisión de Agricultura (Comagri) votó a favor de reconocer los cogollos de cáñamo como producto agrícola en la UE dentro de la revisión de la PAC. Si prospera, esta línea chocará con la postura del Gobierno italiano y dará aire regulatorio al sector.

El ecosistema del cáñamo industrial italiano pone evidencia que cada vez que la regulación se formula bajo lógica prohibicionista, el resultado suele ser inseguridad jurídica y nunca mayor protección sanitaria. Con el debate europeo avanzando hacia un enfoque integral de la planta, los pasos que siga el gobierno italiano serán clave para definir si se alinean con el marco comunitario o profundiza su aislamiento normativo.