La autoridad sanitaria ha sancionado a 57 médicos, farmacéuticos y enfermeras e investiga a otros 60 por prácticas cuestionadas en la prescripción de cannabis medicinal, en medio de un auge de solicitudes y consultas.
La alerta se dio cuando la Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) detectó casos en los que seis profesionales emitieron más de 10.000 recetas en seis meses, un número que supera ampliamente los estándares de prescripción responsables. Uno de ellos llegó incluso a prescribir más de 17.000 dosis en un solo día laboral, lo que genera preocupación sobre la calidad de las evaluaciones médicas. Entre las irregularidades observadas se incluyen consultas que apenas duraron segundos, recetas expedidas por simple solicitud sin un examen clínico adecuado, prescripciones para menores de edad y vínculos comerciales con empresas proveedoras de cannabis.
Las nuevas directrices publicadas por AHPRA restringen el uso terapéutico del cannabis a patologías específicas como epilepsia infantil, espasmos musculares por esclerosis múltiple, dolor asociado a cáncer y náuseas provocadas por quimioterapia. El regulador insiste en que el cannabis solo debe considerarse cuando otros tratamientos hayan fallado y exista evidencia científica sólida que respalde su uso. Estas recomendaciones buscan frenar un fenómeno que se ha expandido rápidamente gracias a plataformas de telemedicina y campañas publicitarias.
Justin Untersteiner, director ejecutivo del organismo, expresó su preocupación por los casos de psicosis inducida por cannabis registrados en pacientes con antecedentes de salud mental o consumo problemático de sustancias. Además, advirtió sobre el riesgo que supone la prescripción de grandes volúmenes y múltiples productos para un mismo paciente, una práctica que, según dijo, podría derivar en complicaciones serias.
Por otro lado, la mayoría de los preparados de cannabis medicinal en Australia siguen sin contar con la aprobación plena de la autoridad sanitaria, lo que obliga a los prescriptores a informar con claridad a las personas usuarias sobre los posibles riesgos, limitaciones y falta de estudios concluyentes sobre eficacia y seguridad.
Este caso muestra la necesidad de fortalecer la regulación y la formación médica en torno al cannabis medicinal. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre si el aumento exponencial de consultas y recetas no debería motivar un debate más amplio sobre los beneficios y desafíos de una legalización para uso adulto, en lugar de limitarse a medidas punitivas.
