La Estación del Cuidado funciona en Moura Brasil, un barrio de Fortaleza donde conviven la precariedad urbana, las escenas de consumo y la presión cotidiana de las redes criminales. Inaugurado en octubre de 2024, el espacio nació con capacidad para atender a unas cien personas por día y ofrece algo que suele faltar en casi todas las políticas sobre drogas: tiempo, agua, escucha y un punto de apoyo estable. No se trata solo de un lugar para bañarse o lavar ropa, es un espacio donde se articula atención psicosocial, trámites, formación y derivaciones a otros servicios públicos.
Ese diseño es el corazón del modelo CAIS, los Centros de Acceso a Derechos e Inclusión Social que impulsa la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas de Brasil. La idea no es presentar el consumo como un problema aislado, sino leerlo junto con la exclusión, la falta de documentación, la ruptura familiar, el racismo estructural y la vida en la calle. En la formulación oficial, el dispositivo busca funcionar como puente entre personas históricamente expulsadas de las instituciones y una red pública que casi siempre llega tarde o no llega.
Ahí está una de las claves políticas del proyecto porque junto a la orientación jurídica aparece la higiene, la comida, la escucha y la salud mental, no como un servicio accesorio sino como parte de una misma lógica de restitución mínima. Recuperar documentos, entender una causa judicial, tramitar un beneficio o entrar en contacto con un centro de salud puede ser, para muchas personas, tan decisivo como una consulta clínica.
La experiencia de Fortaleza dejó de ser un experimento estrictamente local y, en su primer año, la Estación del Cuidado superó las 19.500 atenciones, y en octubre de 2025 el Gobierno federal ya anunció tres nuevas unidades en la ciudad, además de inversiones asociadas a prevención y producción de evidencia. En febrero de 2026, el Ministerio de Justicia de Brasil reunió en Brasilia a autoridades, especialistas y cooperantes internacionales para validar el modelo CAIS como referencia de una política territorial de cuidado e inclusión social. Según reportó El País a fines de febrero de este año, esa expansión ya forma parte de una estrategia federal más amplia.
