La investigación, publicada en Harm Reduction Journal, analizó datos de la cohorte AESHA recogidos entre marzo de 2017 y marzo de 2024. Durante ese periodo, el 82,1 % de las participantes utilizó al menos una vez algún servicio de prevención de sobredosis. El 70,2 % accedió a servicios comunitarios y el 60,2 % a servicios clínicos, categorías que podían solaparse.
Los servicios comunitarios incluían espacios de bajo umbral situados fuera del sistema sanitario formal, como programas vinculados a viviendas o gestionados con participación de pares. Los clínicos funcionaban en lugares como hospitales y farmacias, con personal sanitario o sociosanitario. En ambos casos, la prevención puede incluir consumo supervisado, análisis de sustancias, distribución de naloxona, información para reducir riesgos y derivaciones hacia atención sanitaria o social.
El principal hallazgo no está en qué herramienta concreta utilizó cada participante. Quienes habían recurrido a programas específicos para trabajadoras sexuales presentaban mayores probabilidades ajustadas de acceder también a servicios de prevención de sobredosis. La asociación fue más intensa con los dispositivos comunitarios. Los autores plantean como posibles explicaciones los espacios confidenciales y no estigmatizantes y la participación de pares, sin convertirlas en causas demostradas.
El dato corresponde a una cohorte de mujeres trabajadoras sexuales con enfoque transinclusivo, atravesada por distintas formas de precariedad. Al inicio de su observación, el 86,9 % de las participantes había experimentado vivienda precaria durante los seis meses anteriores y el 57,5 % declaró haber sufrido alguna sobredosis no mortal a lo largo de su vida. El trabajo también detectó una caída sostenida en el uso de servicios durante el periodo estudiado: su nivel máximo se registró entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 y no volvió a las cifras previas a la pandemia.
Los investigadores recomiendan ampliar los programas comunitarios, específicos para trabajadoras sexuales y dirigidos por pares, además de adaptar mejor los servicios clínicos. Los resultados no demuestran que estos modelos causen por sí mismos un mayor acceso: se trata de un estudio observacional basado en autorreportes y desarrollado en el contexto particular de Vancouver.
Tampoco permite saber con precisión qué porcentaje utilizó naloxona, análisis de drogas o consumo supervisado, porque el cuestionario no separó todas esas herramientas. El resultado más firme es la asociación: integrar la reducción de daños en espacios pensados para una población concreta coincidió con un acceso mayor, sin probar por qué ocurrió.
