El documento oficial establece una hoja de ruta para la próxima década, dividida en dos períodos de cinco años. Durante el primero, de 2026 a 2030, se fijan acciones, indicadores e instituciones responsables. La política combina prevención y tratamiento del consumo con controles sobre precursores químicos, persecución del tráfico ilícito y medidas contra el lavado de dinero. También plantea adaptar las intervenciones a las necesidades de cada territorio. Las reformas legales que enumera son propuestas sujetas a estudio, no cambios aprobados.
Entre los objetivos sanitarios aparece el fortalecimiento de una red de dispositivos comunitarios de reducción de daños. Este enfoque, que busca disminuir las consecuencias negativas del consumo sin exigir necesariamente la abstinencia, ya estaba incorporado en el marco costarricense. El diagnóstico del ICD reconoce que la oferta sigue siendo limitada y menciona la necesidad de albergues, centros de escucha y espacios de convivencia, además de una mayor coordinación entre servicios públicos y organizaciones sociales. Una orientación hacia el cuidado también figura en la política de drogas impulsada en Colombia.
El plan identifica 28 organizaciones no gubernamentales avaladas por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) como línea de base de 2025 y propone incorporar nueve adicionales entre 2027 y 2035. También busca que los programas registren sus intervenciones en un sistema común y cumplan estándares de atención. Los objetivos permiten medir avances, aunque todavía no acreditan nuevas aperturas ni una ampliación efectiva de la cobertura.
La financiación es el punto más complejo. El propio documento señala que la política no requiere fondos adicionales ni crea un presupuesto común, sino que organiza recursos institucionales existentes, posibles reasignaciones y cooperación internacional. A la vez, admite que desde 2020 han disminuido los aportes públicos a organizaciones sociales y que esa reducción ha contribuido al cierre de algunas entidades y dispositivos de atención. Se plantea buscar nuevas fuentes de financiación y acuerdos, sin presentar esos apoyos como recursos ya asegurados para las ONG.
En Chile, por ejemplo, organizaciones especializadas han advertido de la ausencia de programas estatales sostenidos de reducción de daños. Costa Rica parte de una situación distinta: dispone de organizaciones avaladas y un modelo sanitario de referencia, aunque admite problemas para mantener su cobertura. La distancia entre los compromisos públicos y los servicios disponibles también depende de la capacidad de sostener a quienes trabajan sobre el terreno.
Costa Rica ha definido metas para una década. El resultado se conocerá en el terreno, cuando las personas que necesiten acompañamiento encuentren una puerta abierta y las organizaciones puedan mantenerla así.
ICD presentó la Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2026-2035, una ruta estratégica para fortalecer la respuesta del país ante los desafíos asociados a las drogas, la criminalidad organizada y los delitos financieros. https://t.co/qFGKTeqP5r
— Instituto Costarricense Sobre Drogas ( ICD) (@icd_cr) November 5, 2026