Mauricio quiere convertir una experiencia pionera en una política capaz de resistir el paso del tiempo. El Plan Nacional de Control de Drogas 2026-2030 organiza la respuesta estatal en cuatro pilares y reserva uno para ampliar la reducción de daños, los tratamientos y la reintegración social.
Entre las medidas previstas figuran nuevos puntos de dispensación de metadona en centros sanitarios públicos y privados, mayor acceso a dosis para llevar a casa, ampliación de los programas de agujas y jeringuillas y distribución de naloxona mediante servicios de salud, organizaciones sociales y redes de pares. El plan también contempla atención frente al VIH y reducción de daños en prisiones, además de sistemas que mantengan la continuidad del tratamiento después de la excarcelación.
El país parte de una experiencia excepcional en África. En 2006, ante una epidemia de VIH concentrada entre personas que se inyectaban drogas, Mauricio incorporó la terapia de sustitución con metadona y el intercambio de material de inyección. Desde entonces, la proporción de nuevas infecciones por VIH atribuida al uso inyectado se redujo de manera significativa, aunque los indicadores disponibles muestran que la respuesta sanitaria sigue incompleta.
Una presentación conjunta de Harm Reduction International y la organización mauriciana CUT estimó que alrededor del 90% de las personas que se inyectan drogas vive con hepatitis C. El documento advirtió que, entre quienes presentan coinfección por VIH y hepatitis C, menos de una quinta parte había recibido tratamiento. También señaló que 28 de los 48 puntos de entrega de metadona funcionaban en dependencias policiales, una ubicación que puede desalentar el acceso y exponer a las personas usuarias a vigilancia y estigma.
El nuevo plan reconoce varios problemas como las instalaciones saturadas, los horarios restringidos, la pérdida de pacientes durante el seguimiento y la ausencia de una evaluación formal de las dosis domiciliarias. Su presupuesto indicativo incrementa los recursos destinados al pilar sanitario y asigna responsabilidades tanto al Ministerio de Salud como a entidades que financian el trabajo de organizaciones sociales.
Mauricio también mantiene abierta una revisión técnica de su política de cannabis, con opciones que van desde la despenalización hasta modelos regulados. El proceso, sin embargo, todavía no equivale a una reforma aprobada. El cronograma oficial contempla consultas con organismos públicos, sociedad civil y especialistas antes de presentar recomendaciones al Gobierno.
Después de veinte años, Mauricio ya demostró que reducir daños puede cambiar la trayectoria de una epidemia. El desafío ahora es trasladar esa experiencia a una red accesible, sostenida y menos dependiente del control policial.
