En uno de los debates que se dieron en el marco del International Cannabis Symposium 2026, celebrado del 25 al 27 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciudad del Cabo, los participantes defendieron que África y otras regiones productoras del Sur Global construyan redes comerciales propias, en vez de esperar que las antiguas potencias coloniales definan las condiciones de acceso al mercado internacional.

A partir de esta preocupación por quién controla el mercado, el término "cannacolonialismo", acuñado en debates académicos y activistas recientes para describir las dinámicas de poder en la legalización del cannabis, no funciona como categoría jurídica, sino como una forma de nombrar una continuidad económica.

La planta fue perseguida durante décadas junto con las comunidades que la cultivaban, pero su legalización está dejando el negocio en manos de empresas capaces de pagar licencias, cumplir certificaciones costosas, acceder a financiación y controlar el procesamiento o la distribución. El cambio legal, bajo esa lógica, no garantiza una redistribución del poder.

La advertencia cuenta con antecedentes. Un informe del Transnational Institute sostiene que los mercados legales están siendo capturados por grandes corporaciones, mientras numerosos pequeños agricultores del Sur Global encuentran barreras para abandonar la informalidad. La organización propone reducir los obstáculos para productores tradicionales y elevar las exigencias para empresas de gran escala, siguiendo principios de comercio justo, sostenibilidad y participación comunitaria.

Sudáfrica refleja parte de esta tensión. Aunque el país ha avanzado en el reconocimiento del uso privado y prepara reglas para desarrollar su industria, el debate sobre la inclusión de pequeños productores sigue abierto. Los altos costes, la fragmentación institucional y la orientación hacia modelos intensivos en capital pueden dejar fuera a quienes sostuvieron la economía cannábica durante la prohibición.

La misma disputa aparece en Ghana, donde productores han reclamado tarifas de licencias compatibles con la economía local. Al mismo tiempo, la cooperación entre Ghana y Marruecos muestra intentos de compartir conocimientos sobre licencias, trazabilidad y cooperativas. Estas experiencias están lejos de constituir una red comercial Sur–Sur, pero permiten imaginar una coordinación que no dependa exclusivamente de empresas o mercados del Norte.

Llamar cannacolonialismo a esta desigualdad permite dar cuenta cómo aquellas comunidades castigadas por cultivar cannabis están quedando relegadas cuando la planta se vuelve legal y rentable. Evitarlo exige que la regulación no se limite a abrir mercados, sino que distribuya también propiedad, capacidad de decisión y valor a lo largo de la cadena.