El anuncio fue difundido por Americans for Safe Access (ASA), organización que posee más de dos décadas de trabajo en defensa de pacientes, plantea que el estancamiento de la reforma en Washington -pese al crecimiento de programas estatales y apoyo social- exige un viraje que sitúe a los pacientes en el centro del debate para construir un marco nacional que dé estabilidad al acceso, a la investigación y a la práctica clínica.

Según ASA, la falta de un marco federal deja a quienes usan cannabis con fines terapéuticos en un laberinto de normas que dificulta la continuidad del tratamiento y la protección de derechos. Persisten riesgos de pérdida de empleo por pruebas de drogas, problemas de custodia parental, vulnerabilidad en viviendas con fondos federales, ausencia de coberturas en el sistema de veteranos.

La propuesta de la organización incluye avanzar hacia una vía regulatoria específica para el cannabis medicinal, compatible con su naturaleza botánica y distinta a los esquemas diseñados para fármacos de un solo compuesto. Entre las ideas planteadas destacan la creación de una clasificación “Schedule VI” y la constitución de una Oficina de Cannabis Médico y Control de Cannabinoides (OMC) dentro del Departamento de Salud (HHS), con competencias sobre estándares de seguridad, guías clínicas y reconocimiento del cannabis como medicina dentro del sistema sanitario.

El nuevo grupo de acción busca sumar al empresariado, profesionales de la salud, aseguradoras e inversores para respaldar esa hoja de ruta y centrar la estrategia en el aspecto medicinal que permita construir mayorías transversales, estabilizar la demanda y facilitar herramientas para la integración sanitaria del cannabis.

No olvidemos que, actualmente, 40 estados, tres territorios y el Distrito de Columbia permiten el uso medicinal de productos de cannabis, pero la ausencia de un marco federal coherente sostiene un “techo de cristal” para la investigación, la inversión y el desarrollo de estándares comunes. El llamado de ASA busca precisamente alinear al sector privado con las necesidades de pacientes y clínicos para acelerar un acuerdo nacional.

El mensaje desde las organizaciones pro cannabis parece ser claro: sin una política de salud pública que priorice a los pacientes, cualquier avance será frágil. Apostar por un programa médico federal no compite con el uso adulto, le da credibilidad a la industria y protección a quienes los usuarios medicinales.