En enero de 2026, el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) aprobó en Inglaterra y Gales una guía para que los agentes identifiquen y traten adecuadamente a pacientes con cannabis medicinal recetado. El documento, largamente esperado tras la reforma de 2018, busca bajar la fricción que se produce de forma sostenida en controles en la vía pública, incautaciones por error y detenciones que luego se desinflan cuando aparece la receta.
La guía no plantea que la policía relaje sus procedimientos. Lo que sí señala es que se debe verificar antes de sancionar y, entre los pasos recomendados, están revisar el envase original y su etiquetado, pedir documentación clínica. Si durante la revisión se generan dudas, se deben realizar consultas adicionales antes de escalar a una incautación o arresto. La lógica es distinguir un medicamento prescrito de un producto ilícito sin convertir al paciente en sospechoso por defecto.
Ese avance técnico, sin embargo, duró poco ya que medios como The Telegraph presentó esta guía como si la policía estuviera siendo instruida a “no arrestar” a quienes “digan” que su cannabis es medicinal, desplazando el foco desde la evidencia hacia la declaración. Daily Mail reforzó el marco del pánico moral al insinuar “lagunas” explotadas por clínicas privadas y al asociar el acceso a prescripciones con estereotipos de fraude.
Pero la guía no surge para relajar la ley. Un estudio peer-reviewed publicado en noviembre de 2025 en Policing: A Journal of Policy and Practice observó, en un piloto de capacitación con 94 aprendices de policía, un desconocimiento mayoritario sobre el cannabis medicinal legal y sesgos heredados del prohibicionismo.
Además, el marco legal británico sigue siendo restrictivo. Desde el 1 de noviembre de 2018, la prescripción de productos no licenciados queda reservada a médicos especialistas (GMC) y el sistema exige estándares regulatorios y de control (CQC). La propia normativa mantiene una línea roja que la guía remarca donde fumar está prohibido incluso con prescripción.
La discusión, entonces, no es si “se legalizó por la puerta de atrás”, sino quién define el significado social de una receta. Una guía policial puede ordenar la práctica, pero no neutraliza titulares de los medios de comunicación que describen al paciente como un potencial sospechoso.
