La Corte Penal Internacional suspende la investigación sobre Duterte por crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional suspende la investigación sobre Duterte por crímenes de lesa humanidad

Se trata de una suspensión temporal activada después de que el Gobierno de Filipinas asegure que ya investiga por su cuenta las ejecuciones extrajudiciales.

La Corte Penal Internacional ha suspendido la investigación sobre el Gobierno de Filipinas por indicios de crímenes de lesa humanidad. En septiembre la Corte inició la investigación para determinar si el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, es responsable de haber instigado y permitido ejecuciones extrajudiciales durante su mandato. La suspensión se ha activado después de que el Gobierno de Filipinas la solicitara tras anunciar que está investigando por su cuenta los posibles crímenes.

Rodrigo Duterte, que sigue siendo el presidente del país, inició en 2016 una sangrienta campaña contra las drogas durante la que se asesinaron miles de personas sin juicio de por medio. La Corte Penal realizó un examen preliminar sobre Filipinas en 2018, lo que provocó que en 2019 el país cesara su adhesión a tribunal internacional. Es por esto que la petición de investigación se limitó a los hechos sucedidos entre julio de 2016 y marzo de 2019.

El Gobierno de Duterte envió una petición reciente a la Corte Internacional solicitando que suspendiera la investigación con la justificación de que ya se estaba llevando a cabo procedimientos internos para investigar y juzgar lo ocurrido. La Corte no interviene en aquellos casos en los que se pone en marcha una investigación a nivel local, por lo que el tribunal ha decidido suspender la investigación sobre Duterte mientras evalúa el alcance y el efecto de la solicitud enviada por el gobierno filipino.

Según las cifras oficiales, la policía del país ha asesinado a más de 6000 personas sospechosas de narcotráfico como consecuencia de la política de guerra contra las drogas de Duterte basada en el asesinato de consumidores y traficantes. Sin embargo algunas organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 30.000 víctimas de las fuerzas del orden o asesinadas por sicarios en ajustes de cuentas aprovechando el clima de impunidad de la campaña contra las drogas.

Relacionados