La Corte Penal Internacional (CPI) anunció oficialmente la semana pasada que realizará una investigación para determinar si el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, es responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante su mandato. Duterte, que sigue siendo el presidente del país, inició en 2016 una sangrienta campaña contra las drogas durante la que se asesinaron miles de personas sin juicio de por medio.
La corte, cuya sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, ha emitido un comunicado en el que afirma que se procederá a realizar una investigación oficial sobre Filipinas y su presidente. Tras el anuncio de la CPI, el Gobierno de Filipinas anunció que no cooperará con la corte internacional. Según France 24, el principal asesor legal del presidente, Salvador Panelo, declaró en una radio local que los investigadores de la corte no podrán entrar en Filipinas para realizar su trabajo.
La Corte Penal realizó un examen preliminar sobre Filipinas en 2018, lo que provocó que el país se retirara del tribunal en marzo de 2019. Es por esto que la petición de investigación se limitaría a los hechos sucedidos entre julio de 2016 y marzo de 2019. El pasado diciembre la oficina de la Corte Penal informó que había hallado “una base razonable” para investigar posibles crímenes de lesa humanidad que se hayan producido en Filipinas desde que en los últimos años Duterte proclamó la guerra contra las drogas.
Según las cifras oficiales, la policía del país ha asesinado a más de 6000 personas sospechosas de narcotráfico como consecuencia de la política de guerra contra las drogas de Duterte. Sin embargo algunas organizaciones de derechos humanos elevan la cifra hasta 30.000 víctimas de las fuerzas del orden o asesinadas por sicarios en ajustes de cuentas aprovechando el clima de impunidad de la campaña contra las drogas. Según una investigación de la ONU hay al menos 73 niños fallecidos durante los últimos años.
