La Corte Penal Internacional pide investigar a Filipinas por su sangrienta guerra antidrogas

La Corte Penal Internacional pide investigar a Filipinas por su sangrienta guerra antidrogas

El presidente del país, Rodrigo Duterte aplica desde 2016 una política de asesinato contra sospechosos de tráfico y consumidores de drogas.

La Corte Penal Internacional ha pedido una autorización judicial para investigar la sangrienta campaña contra las drogas iniciada en 2016 por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que se ha cobrado miles de muertos. La investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad debe ser autorizada por tres jueces de una sala de la Corte, que podrían autorizarla o denegarla en las próximas semanas o meses.

“La información disponible indica que miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan en conveniencia con ellos, han matado de forma ilegal a entre miles y decenas de miles de civiles”, dijo la fiscal jefa, Fatou Bensouda, en un comunicado reproducido por la agencia EFE. La solicitud de investigación incluye un informe de 57 páginas en el que se afirma que el país parece haber realizado “ejecuciones extrajudiciales”, que se produjeron “de conformidad con una política estatal oficial del Gobierno filipino”

La Corte Penal realizó un examen preliminar sobre Filipinas en 2018, lo que provocó que el país se retirara del tribunal en marzo de 2019. Es por esto que la petición de investigación se limitaría a los hechos sucedidos entre julio de 2016 y marzo de 2019. El pasado diciembre la oficina de la Corte Penal informó que había hallado “una base razonable” para investigar posibles crímenes de lesa humanidad que se hayan producido en Filipinas desde que en los últimos años Duterte proclamó la guerra contra las drogas.

Según El Mundo, Duterte no piensa colaborar con la investigación. “El presidente nunca va a cooperar hasta el fin de su mandato, el 30 de junio de 2022”, dijo un portavoz, tras afirmar que después de la retirada del país la Corte no tiene jurisdicción sobre Filipinas. Según las cifras oficiales han muerto 8000 personas sospechosas en el país como consecuencia de esta política, mientras que algunas organizaciones de derechos humanos hablan de 30.000 víctimas de las fuerzas del orden o asesinadas por sicarios en ajustes de cuentas, aprovechando el clima de impunidad de la campaña contra las drogas.

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