A partir de ahora, los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU no podrán registrar a las personas en los aeropuertos, terminales de ómnibus ni otras “instalaciones de transporte masivo” sin que cuenten con una orden judicial que justifique su búsqueda de sustancias ilícitas. Esta medida así lo determinó la semana anterior la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y ya se encuentra en vigencia.

La medida surgió a partir de una investigación realizada por el Departamento de Justicia en la que se determinó que los agentes de la DEA carecen de la capacitación adecuada para realizar inspecciones a los pasajeros, después de que se comprobara que existían irregularidades en sus procedimientos. “El fracaso de la DEA en recopilar datos para cada encuentro consensual, como lo exige su propia política, y su continua incapacidad para proporcionarnos una evaluación del éxito de estos esfuerzos de interdicción plantean una vez más preguntas sobre si estas actividades de interdicción del transporte son un uso eficaz de los recursos de aplicación de la ley, y deja a la DEA una vez más incapaz de proporcionar respuestas adecuadas a esas preguntas”, aseguró el Inspector General Michael Horowitz.

Horowitz advirtió además que la falta de transparencia de la agencia creaba “riesgos sustanciales de que los agentes especiales y los oficiales del grupo de trabajo de la DEA llevaran a cabo estas actividades de manera indebida, impusieran cargas injustificadas y violaran los derechos legales de viajeros inocentes”. La DEA ya había sido reprendida en 2015 por no documentar adecuadamente las inspecciones relacionadas con los pasajeros. La agencia se había comprometido en ese momento a mejorar su documentación de las interdicciones relacionadas con el transporte, pero no lo realizó.