La Junta Internacional de Fiscalización de Drogas (JIFE, o INBC por sus siglas en inglés), órgano de la ONU para supervisar el cumplimiento de los convenios internacionales que prohíben las drogas, metió la pata en su último informe anual, publicado este año. En el apartado dedicado a la producción de drogas ilegales la JIFE publicó que durante el año 2022 Bolivia había producido 24.575 toneladas de cocaína, cuando en realidad la cifra corresponde a los cultivos de hoja de coca.

Hace unos días la JIFE reconoció su error y pidió perdón al Gobierno boliviano. Según el medio Prensa Latina, el secretario de la JIFE, Mark Colhoun, envió una carta a la representación diplomática de Bolivia en Naciones Unidas. “Lamento el error de redacción cometido en el párrafo 209, en el cual se reportó erróneamente como cocaína la producción de 24.575.000 kilogramos de hoja de coca”, dice la carta.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, recordó que el país “cuenta con una reserva en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes con respecto al uso cultural y ancestral de la hoja de coca, es decir, que en Bolivia la coca es de consumo natural y no es considerada una sustancia ilícita”. Para lograr esta reserva, en 2011 Bolivia puso en práctica una estrategia inédita hasta la fecha. El Estado de Bolivia se retiró de la Convención de 1961 y unos meses más tarde pidió ser readmitida con una reserva sobre la coca que reconociese y permitiese el uso tradicional de la hoja de coca en su territorio.

Para reivindicar el derecho a usar la hoja de coca y pedir su despenalización internacional, este año el vicepresidente de Bolivia anunció ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU que su Gobierno iniciará un procedimiento para acabar con la prohibición internacional de la hoja de coca, pidiendo a la Organización Mundial de la Salud una revisión sobre las propiedades de la coca con la intención de que su informe sirva para recomendar su reclasificación en las listas de drogas prohibidas internacionalmente.