Los principales impulsores, el senador Iván Marulanda (en la imagen) del Partido Verde y el senador indígena Nasa Feliciano Valencia han trabajado durante un año con organizaciones campesinas, personas cultivadoras de coca, académicos, personas consumidoras, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, políticos y expertos internacionales.

El proyecto, el primero del que se tiene conocimiento en Colombia y en el mundo, tiene como objetivo regular la hoja de coca y sus derivados para crear un mercado justo y sostenible, como una respuesta a la violencia y la pobreza que vive el campo colombiano.

Para tal fin el proyecto de ley incluye la creación de cooperativas campesinas para el cultivo de la hoja, que quedarían en manos de víctimas del conflicto con el narcotráfico, en comunidades indígenas, mujeres madres de familia u otros colectivos desfavorecidos del país. Los cultivadores de la coca venderían la hoja al Estado, y este se encargaría de derivar una parte para la extracción de cocaína, que se vendería en farmacias únicamente a personas registradas.

La intención del proyecto es implementar la venta de cocaína bajo criterios de salud pública y reducción de riesgos, de modo que se limitaría la venta de cocaína a un gramo por persona y semana, sin posibilidad de acumularlos. Los consumidores de cocaína estarían sometidos a un monitoreo médico constante, y sería el médico quien daría el permiso para su compra. La venta al exterior se realizaría a través del gobierno de Colombia por solicitud de los gobiernos interesados.

Aunque en esta primera ocasión no llegue muy lejos, este proyecto de ley, que también habla del uso de los derivados no psicoactivos de la hoja de coca, la investigación científica y el respeto de los derechos obtenidos por las comunidades indígenas sobre la planta, promete elevar del debate y sentar las bases hacia el futuro de lo que será la regulación de la hoja de coca y la cocaína.