Un reciente estudio realizado en EEUU ha revelado que aquellos estados del país que han tenido una legalización del cannabis registraron una “disminución relativa moderada” en las tasas de deportación de inmigrantes, en comparación a aquellas jurisdicciones donde la planta aún se encuentra prohibida.

La investigación, que fue realizada por la Universidad de Columbia y publicada en la revista científica American Journal of Community Psychology, asegura que las redadas a inmigrantes y las deportaciones crean miedo y desconfianza entre las comunidades que no tienen una residencia legal. Ante esta situación y a medida que aumenta el temor por padecer una intervención policial, es menos probable que las personas interactúen con redes de contención como las clínicas de salud, escuelas, eventos culturales y hasta las iglesias.

Además, los investigadores reportan que los niños que experimentan deportaciones repentinas y forzadas de alguno de sus padres suelen sufrir diferentes problemas psicológicos como ansiedad, ira, agresión y retraimiento. Ante estos cuadros de la salud mental, los menores pueden exhibir una mayor sensación de miedo, problemas alimenticios, depresión y trastornos de estrés postraumático. 

Los investigadores de la Universidad de Columbia afirman que las regulaciones sobre los usos de la planta podrían “ayudar a mitigar algunas de las consecuencias no deseadas de la prohibición del cannabis relacionadas con la inmigración”. También dicen que “las tendencias de arresto tanto en los estados con legalización como en los que no legalizaron fueron relativamente similares y en general estables”. Finalmente, el estudio dice que “los resultados sugieren que las regulaciones del cannabis se asociaron a una disminución relativa moderada en los niveles de deportación. Los hallazgos sugirieron disminuciones relativas en los niveles de arrestos de inmigrantes”.

En EEUU, se calcula que alrededor del 10% de las familias con niños tienen al menos un miembro sin ciudadanía. Según datos oficiales, casi seis millones de menores de edad tienen al menos una persona a cargo de ellos sin autorización para vivir en el país.