El caso de Hector Madrid Reyes, un contratista hondureño que vivía en Georgia, expone la fragilidad legal a la que se enfrentan miles de personas migrantes con cargos menores relacionados con el cannabis. Madrid fue arrestado tras un accidente de tráfico y, pese a haber fumado cannabis 18 horas antes, fue acusado de conducir bajo sus efectos. Su detención derivó en su traslado a un centro de detención migratoria y, finalmente, en su autoexpulsión a Honduras.
Según datos obtenidos por el themarshallproject.org a través de solicitudes de transparencia (FOIA), en tres de cada cuatro casos de deportaciones vinculadas al cannabis, los delitos ocurrieron hace al menos cinco años. Estos datos contradicen el discurso oficial de que las deportaciones se enfocan en personas con historiales criminales violentos. De hecho, solo el 12% de las más de 120.000 personas deportadas entre enero y mayo de este año tenían condenas por delitos violentos o potencialmente peligrosos.
El endurecimiento de las políticas migratorias ha incrementado la expulsión de personas con infracciones menores, como conducir sin licencia. Desde enero, casi 1.800 personas han sido deportadas por ese tipo de faltas, y el número mensual de deportaciones por infracciones de tráfico se ha triplicado. En palabras del abogado Tim Warden-Hertz, "ya no se trata de condenas: se trata de expulsar a la mayor cantidad de gente posible, por cualquier motivo".
Abogados y organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes denuncian que este enfoque ha intensificado la vigilancia racializada y los arrestos en base a infracciones menores, como luces defectuosas o vidrios polarizados. Muchas de estas detenciones resultan en procesos de deportación, incluso cuando las personas no tienen antecedentes penales relevantes.
Hector Madrid, cuyo único antecedente previo era una conducción sin licencia en 2019, tuvo que elegir entre permanecer encerrado por meses en un centro de detención o separarse de su esposa, ciudadana estadounidense. Optó por regresar voluntariamente a Honduras, dejando atrás a su familia. Su historia es una entre cientos que evidencian el uso del cannabis como justificación para una política migratoria implacable.
