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Senadores solicitan el fin de las políticas de inmigración anticannabis

Una coalición de diez senadores ha dirigido una carta al jefe de jefe de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional para pedir el fin de las políticas que impiden que los trabajadores en el sector del cannabis legal puedan solicitar la ciudadanía. En la carta los senadores dicen que los conflictos entre las leyes estatales y federales en materia de cannabis no deben ser utilizadas para penalizar a los residentes permanentes que respetan la ley y que buscan establecerse bajo la ciudadanía.

Una coalición de diez senadores ha dirigido una carta al jefe de jefe de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional para pedir el fin de las políticas que impiden que los trabajadores en el sector del cannabis legal puedan solicitar la ciudadanía. En la carta los senadores dicen que los conflictos entre las leyes estatales y federales en materia de cannabis no deben ser utilizadas para penalizar a los residentes permanentes que respetan la ley y que buscan establecerse bajo la ciudadanía.

La petición viene motivada por la declaración que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos hicieron el pasado abril. En ella exponían que admitir el uso de cannabis o trabajar en un mercado estatal de marihuana legal conlleva que las personas que solicitan la ciudadanía no sean aceptados debido a que dicha actividad demuestra una falta de “carácter de buena moral”. Según ha publicado Marijuana Moment dicha política recibió un rechazo significativo de los miembros del Congreso. “Le pedimos al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que eviten la implementación de esta guía de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración y que excluyan las actividades relacionadas con el cannabis como un factor para determinar el ‘buen carácter moral’ para otorgar la ciudadanía”, dice la carta. Los senadores también enfatizaron el potencial económico de la industria del cannabis, que ha creado más de 200.000 empleos en todo el país y ha generado ingresos fiscales utilizados para apoyar la salud pública, la educación y la aplicación de la ley.

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