La propuesta del BMG exige un contacto presencial previo entre médico y paciente para recetar flores de cannabis y prohíbe su dispensación por correo. Firmas legales que han analizado el texto señalan además requisitos de seguimiento periódico en consulta física, lo que elevaría las barreras de acceso para personas con movilidad reducida o que viven lejos de centros urbanos.

Juristas citados por medios especializados sostienen que un veto general a la telemedicina en un fármaco específico podría chocar con el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -libertad de prestación de servicios- y con marcos que promueven la interoperabilidad sanitaria y las consultas digitales. No se trataría de “desregular” la telemedicina en Alemania ya que opera bajo responsabilidad médica y trazabilidad, por lo que restringirla solo para cannabis plantea dudas de proporcionalidad y coherencia regulatoria.

Desde abril de 2024, el acceso al cannabis con fines médicos en Alemania se rige por el MedCanG, que sacó el cannabis de los listados del BtMG y lo clasificó como medicamento sujeto a receta. El mercado terapéutico mostró estabilidad y profesionalización, con un aumento de pacientes crónicos que encontraron en la consulta remota una vía viable para el seguimiento clínico. Cambiar ahora hacia un régimen exclusivamente presencial y sin envíos farmacéuticos impactaría en costes, tiempos de espera y continuidad del tratamiento.

De prosperar el proyecto que veta la prescripción de cannabis a través de la telemedicina, el paquete también alteraría la cadena de suministro, ya que las farmacias perderían la posibilidad de envío postal de flores, lo que desplazaría la demanda hacia ventanillas presenciales y tensionaría la logística. Asociaciones de pacientes y parte de la industria ya han expresado reparos por el efecto en colectivos vulnerables —dolor crónico, oncología, epilepsia—, mientras que el Gobierno argumenta la necesidad de evitar abusos y homogeneizar criterios de prescripción.

El calendario legislativo aún no está cerrado. El texto se encuentra en fase de discusión y puede recibir modificaciones. Sin embargo, la advertencia de choque con el derecho europeo sugiere que cualquier prohibición amplia deberá justificarse con evidencia y análisis de impacto en salud pública. En caso contrario, podría enfrentarse a recursos ante tribunales nacionales o europeos por limitar, de forma no proporcionada, la práctica médica y el acceso a servicios transfronterizos.

Más que una disputa técnica, el debate enfrenta dos modelos de salud: uno que prioriza controles uniformes y otro que integra tecnologías para sostener el acceso. Con respecto al cannabis medicinal, la pregunta es cómo regular sin castigar a los pacientes.