El informe anual de los Independent Monitoring Boards (IMB), elaborado a partir de observaciones realizadas durante 2025, sitúa las drogas ilícitas como la amenaza más extendida para la seguridad y la estabilidad de las prisiones en Inglaterra y Gales. Al presentar el documento, el organismo las calificó como "el factor más desestabilizador" del sistema penitenciario adulto.
Los IMB son órganos independientes formados por personas voluntarias nombradas para supervisar el trato y las condiciones de reclusión. Sus integrantes relacionaron la disponibilidad de sustancias con violencia, deudas, intimidación, autoaislamiento, autolesiones, emergencias médicas y muertes. En HMP High Down, en Surrey, registraron trece alertas médicas en un solo día, la mayoría vinculadas al consumo de drogas.
El problema no termina cuando disminuye la oferta. En algunos establecimientos, las reducciones fueron acompañadas por aumentos de violencia asociada a deudas, autoaislamiento y autolesiones, mientras quienes controlaban el mercado ilegal trataban de cobrar pagos pendientes. El patrón guarda relación con otros escenarios penitenciarios como la circulación de «papelitos» en cárceles españolas.
Los propios monitores reconocen esfuerzos de los centros para impedir el ingreso de sustancias, aunque describen resultados limitados y cadenas de suministro capaces de abrir nuevas rutas con rapidez. Por eso, el aumento de las incautaciones de drogas en prisiones españolas sirve como referencia cercana de una dificultad que no se resuelve únicamente con requisas, escáneres o vigilancia.
El informe también muestra una respuesta sanitaria desigual ya que en algunas prisiones se ofrece apoyo adecuado para la dependencia de alcohol y otras drogas, mientras que en otras las vacantes y la elevada demanda impide a los equipos cumplir su función. Las unidades de convivencia sin sustancias recibieron evaluaciones generalmente positivas, pero seguían expuestas al ingreso de drogas y a la falta de personal. La continuidad asistencial resulta especialmente tal y como lo señala un estudio donde se estableció que ofrecer metadona al salir de prisión reduce el riesgo de muerte por opioides.
En su respuesta, el Ministerio de Justicia afirmó que combinará medidas de seguridad con tratamiento y apoyo para la recuperación y señaló que estas unidades funcionan ya en 88 prisiones. Esta postura del Ministerio reconoce que controlar la oferta es necesario, pero no basta ya que el consumo no desaparece entre los muros.
