El informe se apoya en una base amplia de registros penitenciarios y sanitarios de Inglaterra, cruzados con datos de mortalidad de la Office for National Statistics y con el sistema nacional de tratamiento de drogas. El periodo analizado va de agosto de 2018 a diciembre de 2022 y permite observar qué ocurre con las personas que salen de prisión después de haber pasado por algún tipo de atención por uso de sustancias. En total, el conjunto final reunió 270.113 periodos de prisión; de ellos, el 39,6 % pudo vincularse con un registro de tratamiento.
Dentro de ese universo, el dato que más pesa aparece entre las personas en tratamiento por uso de opiáceos. Quienes recibieron terapia de sustitución opioide en su último día de custodia tuvieron un riesgo de mortalidad por cualquier causa un 50 % menor durante las cuatro semanas posteriores a la salida, en comparación con quienes no la recibieron ese día. Cuando el análisis se centró en las muertes relacionadas con sustancias, la reducción asociada fue del 54 %. Si bien los autores del informe evitan presentar el hallazgo como una relación causal cerrada, la magnitud del resultado refuerza una idea que los dispositivos de reducción de daños vienen sosteniendo desde hace años y que apunta a que la continuidad del tratamiento no es un detalle administrativo, sino una medida concreta de protección.
La excarcelación concentra una combinación especialmente peligrosa de factores según el informe. En las cuatro semanas posteriores a la salida se registraron 293 muertes, de las cuales 182 estuvieron relacionadas con sustancias. El riesgo se agudizó durante los primeros siete días, una semana que acumuló casi la mitad de todas las muertes del mes y en la que más de siete de cada diez fallecimientos estuvieron vinculados al uso de sustancias. En el caso de los opioides, ese margen de tiempo puede ser todavía más estrecho, porque la pérdida de tolerancia durante el encierro vuelve más peligrosa cualquier recaída o retorno al consumo.
Cuando la tolerancia disminuye durante el encierro y, al recuperar el contacto con el consumo, se retoman dosis que el cuerpo ya no puede soportar y la transición puede volverse letal. La terapia de sustitución opioide (OST, por sus siglas en inglés), administrada habitualmente con metadona o buprenorfina según evaluación clínica, sostiene cierta estabilidad farmacológica, disminuye el riesgo de recaídas peligrosas y facilita el enlace con los servicios comunitarios.
Por lo anterior, se debe tener en cuenta que la salida de prisión no puede ser tratada como un trámite administrativo cuando para muchas personas es también una transición sanitaria de alto riesgo. Si la continuidad terapéutica reduce muertes, interrumpirla por razones burocráticas equivale a dejar que el castigo siga operando fuera de los muros. La reducción de daños, en este caso se vuelve una condición mínima para que la salud pública no termine subordinada al sistema penal.
