La regulación del cannabis puede provocar casos de corrupción en cargos públicos, tal y como se expone en una investigación publicada en forma de reportaje por el medio estadounidense Politico. Según este medio, la adjudicación de licencias para la venta de cannabis son un bien limitado y muy valorado que está siendo el blanco de muchos empresarios que no tienen reparos en poner sobornos de por medio para conseguir una.

El reportaje apunta a las regulaciones de los estados de EE UU, en las que en la mayoría de los casos se han limitado el número de dispensarios por cantidad de habitantes y donde la responsabilidad de las licencias recae en los ayuntamientos. “Estas prácticas ponen decisiones millonarias en manos de figuras políticas relativamente pequeñas: los alcaldes y concejales de pequeños pueblos y ciudades, junto con los amigos y partidarios de los políticos que los nombran para las juntas”, dice el reportaje.

“Todas las contrataciones y licencias gubernamentales están sujetas a este tipo de fuerzas”, explicó Douglas Berman, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio, a Politico. Pero según Berman, en el caso concreto del cannabis “hay facetas únicas en la contratación gubernamental que lo hace especialmente vulnerable a la corrupción”.

Este fue el caso del alcalde Jasiel Correira, de la ciudad de Fall River, en Massachusetts. Cuatro años después de ser elegido fue detenido por agentes federales acusado de intentar extorsionar a las compañías de cannabis 600.000 dólares a cambio de otorgarles licencias para colocar dispensarios de venta de cannabis en la ciudad. La corrupción también funciona de otros modos, por ejemplo, los empresarios que se quieren dedicar al cannabis pueden contribuir con grandes sumas de dinero a las campañas de elecciones de políticos locales.