El Gobernador del estado de Nueva York y los legisladores han llegado a un acuerdo que podría desembocar en la aprobación de una ley que regule el uso, el cultivo y la venta de cannabis recreativo en el estado. Un proyecto de regulación estuvo cerca de ser aprobado en 2019, pero los legisladores y el gobernador no alcanzaron un acuerdo, que ahora, tras meses de negociación, sí parece haberse conseguido.

El texto final del proyecto aún no se conoce, pero varios detalles del mismo fueron publicados este miércoles por distintos medios de comunicación. Según Marijuana Moment el proyecto permitirá la posesión, el cultivo y la compra de cannabis y productos derivados para las personas mayores de 21 años. Las ventas se iniciarán a partir de diciembre de 2022, y las personas que quisieran autocultivar tendrían que esperar 18 meses más para poder hacerlo (los pacientes podrían empezar seis meses después de que la ley entre en vigencia).

Los detalles divulgados indican que se permitirá hasta seis plantas por persona y un máximo de 12 por hogar en caso de convivir más de un consumidor. Los municipios del estado no podrían prohibir el autocultivo, pero sí imponer regulaciones. Se ha establecido un objetivo para que el 50% de las licencias comerciales de venta y distribución sean emitidas a solicitantes de equidad social, lo que incluye a personas con condenas pasadas por marihuana, personas que viven en áreas económicamente desfavorecidas o donde la criminalización del cannabis se ha aplicado de manera discriminatoria, y también empresas propiedad de mujeres, minorías, veteranos discapacitados y agricultores con dificultades financieras.

El Gobernador Cuomo ha intentado llevar a cabo una regulación en el estado en tres ocasiones, pero ninguna ha salido adelante. La última, realizada en 2019, fue frustrada por la falta de acuerdos sobre cómo se debían administrar los impuestos recaudados con la venta de cannabis. En el nuevo proyecto se establece que de los ingresos fiscales recaudados, una vez se hayan cubierto los costos de la administración de la regulación, se destinará el 40% a un fondo de reinversión comunitaria, otro 40% a financiar las escuelas públicas del estado y el 20% restante financiaría instalaciones de tratamiento de drogas y programas de educación pública.