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Michigan aplicará un impuesto mayorista del 24% al cannabis legal

La Justicia de Michigan avaló la entrada en vigor de un nuevo impuesto del 24% sobre las transacciones mayoristas de cannabis de uso adulto, que comenzará a aplicarse en enero de 2026 y podría afectar gravemente al mercado regulado.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Reclamaciones de Michigan, donde se rechazó una solicitud de medidas cautelares para frenar la implementación del nuevo impuesto. La petición había sido presentada por varias empresas y por la organización Michigan Cannabis Industry Association (MCIA), que argumentaban que el gravamen vulnera la ley que legalizó el uso adulto de cannabis en el estado en 2018. El tribunal consideró, sin embargo, que la nueva norma fiscal no modifica dicha legislación, sino que se trata de un tributo adicional autorizado por la misma.

El nuevo impuesto, aprobado dentro de la Comprehensive Road Funding Tax Act (CRFTA), se aplicará sobre la primera venta o transferencia de cannabis desde productores y procesadores hacia los puntos de venta minoristas. Esta tasa del 24% se suma a una estructura impositiva ya considerable, que incluye un 10% de impuesto especial sobre las ventas minoristas y un 6% de impuesto general sobre las ventas. En conjunto, estas cargas fiscales podrían hacer que el precio final para los usuarios se dispare.

El objetivo declarado del nuevo impuesto es financiar la mejora de infraestructuras viales. Según estimaciones oficiales, podría generar ingresos de hasta 420 millones de dólares anuales para obras públicas. Pero el sector cannábico advierte que la medida podría generar menor competitividad del mercado legal, cierre de dispensarios y reactivación del mercado no regulado.

Representantes de la MCIA y diversos comercios advierten que esta combinación de impuestos coloca a Michigan entre los estados con mayor carga fiscal sobre el cannabis. Para muchas pequeñas empresas, los nuevos costos podrían ser insostenibles. La preocupación no solo gira en torno a la rentabilidad, sino también al empleo, al tejido económico local y al equilibrio entre grandes corporaciones y operadores independientes.

A pesar del fallo judicial, el litigio continúa. Se ha programado una conferencia judicial para enero de 2026 y es probable que el caso escale a tribunales superiores. Mientras tanto, el nuevo gravamen entrará en vigor y sus efectos reales sobre precios, ventas y dinámicas de mercado comenzarán a manifestarse en los meses siguientes.

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