En los siete años transcurridos desde que entró en vigor la Ley del Cannabis, Canadá se ha convertido en un referente global en políticas de regulación. El modelo fiscal que acompaña a la legalización ha permitido al Gobierno federal y a las provincias recaudar más de 5.400 millones de dólares en impuestos específicos sobre el cannabis, de acuerdo con datos entregados al Parlamento por el diputado conservador Luc Berthold. Aproximadamente 1.200 millones de esta cifra han sido destinados al Gobierno federal, mientras que los 4.200 millones restantes fueron a las arcas provinciales y territoriales.

Ontario lidera en términos absolutos con 1.500 millones de dólares, seguida de Alberta, que supera los 1.000 millones pese a tener una población mucho menor. Si se analiza la recaudación per cápita, Alberta encabeza con unos 210 dólares por persona, seguida de los Territorios del Noroeste, Yukon, Saskatchewan y Terranova y Labrador. En cambio, Quebec presenta una de las cifras más bajas, con solo 55 dólares por habitante. Manitoba, al no adherir al marco federal de impuestos al cannabis, queda fuera de estas cifras.

No obstante, los ingresos federales están por debajo de lo proyectado inicialmente. En el presupuesto 2018-2019, el Gobierno de Ottawa estimó recaudar 690 millones en los primeros cinco años de legalización, pero al cierre del ejercicio 2022-2023 solo se habían acumulado 567 millones. Aunque algunas provincias superaron las expectativas, el nivel central ha recibido menos de lo esperado.

La brecha entre lo recaudado y lo invertido en educación y prevención es la más pronunciada. El presupuesto original destinaba 83 millones de dólares en cinco años a programas de información y uso responsable, pero según datos de Health Canada, solo se han invertido 21,6 millones hasta la fecha. La mayor parte de ese gasto ocurrió en el primer año. Durante los años más críticos de la pandemia, las partidas para prevención no superaron el medio millón anual. En 2024-2025, el gasto ascendió a 2,3 millones, mientras que otros 29,6 millones fueron canalizados a través de 26 proyectos de terceros.

El caso canadiense demuestra que la legalización del cannabis puede generar ingresos fiscales sustanciales, pero también que el destino de esos recursos no está 100% garantizado. Si no se acompaña de una inversión sostenida en salud pública, derechos y reducción de daños, el riesgo es convertir una política transformadora en una mera estrategia recaudatoria. La regulación no debería limitarse a reemplazar el mercado ilegal, sino aspirar a construir un sistema informado.