Desde de que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, la comunidad cannábica del país se encuentra en estado de alerta permanente. Esto no se debe solamente a los ataques que realizó la gestión de la Libertad Avanza hacia los derechos obtenidos durante los últimos años, como el cierre del sistema para la inscripción de genéticas y venta de semillas o la paralización del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una auténtica paladín prohibicionista que suele publicar “golpes al narcotráfico” cuando se detienen a simples usuarios de marihuana. Ante esta situación, la defensa legal se ha vuelto primordial para el activismo local. Por eso, días atrás se conformó la Red Federal Abogacía Cannábica, que se trata de la primera asociación civil del país conformada por especialistas en los marcos regulatorios relacionados a la planta.
“Nuestra unión tiene por objeto impulsar una regulación integral de la planta, buscando promover el respeto a las libertades individuales y los Derechos Humanos, con un enfoque en la educación y el entendimiento”, aseguraron desde la Red Federal de Abogacía Cannábica, mediante un comunicado.
El origen de esta unión de abogados especialistas en cannabis surgió hace dos años, cuando el municipio cordobés de Villa Las Rosas emitió una ordenanza para prohibir los growshops. “En ese contexto, Nadia Podsiadlo y Cecilia Bosco armaron un grupo con distintos colegas de diferentes provincias que ya nos conocíamos”, dijo Rodrigo Domínguez, presidente de la Red, en relación a dos de las máximas referentes argentinas en derecho cannábico. “Se terminó conformando como un grupo permanente de consulta para nosotros”, contó Domínguez, en diálogo con el medio Cannábica Argentina.
Según Domínguez, la intención de la flamante Red Federal de Abogacía Cannábica tiene la intención de “ocupar espacios de activismo importantes, ya sea ayudando a lo que son los procesos legislativos, a casos concretos que puedan surgir con inconsistencias en los organismos estatales como es lo del INASE (Instituto Nacional de Semillas), o los problemas estructurales que tenemos en el REPROCANN”.
