Los clubes de socios de cannabis existen en España desde hace más de 20 años. Sus condiciones de subsistencia en el presente son cada vez más insostenibles, como si nadie en ese país considerara su importancia.

Los primeros pasos

Para entender la aparición y posterior evolución del modelo de clubes sociales cannábicos en España, hay que remontarse a las últimas décadas del siglo pasado, cuando se sembró la semilla de las asociaciones que se conocen hoy. Como cuenta Martínez Oró (2015), no fue sino hasta el fin de la dictadura franquista (1939-1975) que se pudo hablar de la legalización del cannabis, sin embargo, habría que esperar hasta la década de los 90 para que surgiera un proyecto embrionario de asociación.

Aquello ocurrió en 1993, cuando la Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre Cannabis (ARSEC), en Barcelona (Catalunya), le consultó a la Fiscalía Antidroga de aquella comunidad sobre la posibilidad de cultivar de forma colectiva para fines de autoabastecimiento, y el organismo persecutor respondió que sí. Fue así como la ARSEC, a condición de informar previamente sobre sus movimientos a la Fiscalía, los Mossos d’Esquadra -el cuerpo de seguridad de la comunidad catalana- y los medios de comunicación, puso en marcha la plantación. Solo unos meses después, el cultivo sería incautado por la Guardia Civil y el “caso”, como lo llamó el periódico El País, llegaría a los tribunales.

En una primera sentencia, la Audiencia Provincial de Tarragona absolvió a los cuatro responsables del cultivo. No obstante, el año 97 la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo, órgano máximo de la justicia española, y este condenó a cada uno de los imputados a cuatro meses de cárcel y una multa de 3.000 euros por la concurrencia de un “delito abstracto”.

Al respecto, el Tribunal consideró que se trataba del cultivo de plantas que producen materia prima para el tráfico ilegal, lo cual es “un acto característicamente peligroso para la salud pública”. Esta sentencia, sin embargo, dio origen a lo que se conoció como la “brecha catalana”, ya que fue la grieta que empezó a romper el muro prohibicionista, muro que, pese a todo, persiste hasta nuestros días.

Una primera respuesta-protesta a dicho dictamen la concreta ese mismo año la Asociación Kalamudia, en Bilbao (País Vasco), con su primera plantación colectiva, la denominada brecha vasca, que comprendió 600 plantas destinadas a 200 personas, entre las que había políticos, artistas y sindicalistas. El cultivo sobrevivió y, pese a que hubo una acusación policial de por medio, fue cosechado sin problemas, lo que dio pie a que se repitiera la acción los años 99 y 2000.

De forma paralela, pero en el otro extremo de la península, el comisionado de drogas de la Junta de Andalucía, junto a otras autoridades, elaboraron un informe jurídico en el que se habló positivamente de la posibilidad de que se fundaran centros privados para fumadores de cannabis, los cuales estarían sometidos a ciertas medidas de control y deberían operar dentro de los márgenes de la ley.

Con la seguridad de estar haciendo una actividad legal amparada por la Constitución del Estado, en 2001 se constituye el primer club cannábico del país, el Club de Catadores de Cannabis de Barcelona, entidad que se presenta desvinculada de aquellas ligadas al ámbito científico para centrarse de lleno en la producción y el consumo de la planta.

Pese a ajustarse al marco jurídico, la inmunidad no estaba garantizada. Pero el hecho es que a partir de ese momento ya no había vuelta atrás, y el surgimiento de asociaciones similares se fue desencadenándo a lo largo del territorio, en especial en las dos comunidades pioneras, la vasca y la catalana.

 Las piezas del puzzle

¿Y cómo puede estar amparada por las leyes una asociación en la que se maneja una sustancia prohibida en todo el territorio español? Bueno, por la existencia de varios preceptos legales cuyos vacíos se aprovechan para formarla sin incurrir en ningún delito.

El primero es el derecho a la intimidad. A partir de este principio, el ciudadano, bajo su responsabilidad, puede llevar a cabo cualquier tipo de actividad de forma privada y sin molestar a terceras personas, lo que incluye el cultivo y la tenencia de drogas como la marihuana siempre que se haga desde la perspectiva del autoconsumo.

El segundo es el derecho a la asociación, el cual establece que todos los ciudadanos tienen derecho a unirse de modo asociativo si esta actividad no incumple la ley. Se ve sencillo, pero es importante aclarar que estas asociaciones nunca han estado libres de persecución, tanto de las fuerzas de seguridad como desde el ámbito judicial.

Aun así, no han faltado los y las valientes que desde la dirección de un club cannábico, conscientes de su responsabilidad, y de los riesgos que aquello conlleva -por ejemplo, terminar en la cárcel-, han aportado su granito de arena para acabar con el prohibicionismo.

Por ello, quienes de verdad tienen la convicción de jugárselas por la tarea, y lo decimos fuerte, la convicción, porque hay muchos que se aprovechan de los resquicios para traficar o blanquear actividades ilícitas, deben esforzarse por mantener sus asociaciones dentro de la legalidad y con la mayor transparencia que les sea posible.

Para lograr aquello, toda agrupación que se funde debe inscribirse en el registro de asociaciones, aprobar el acuerdo de cultivo colectivo, alquilar o comprar terrenos aptos para este propósito, así como inmuebles, equipos y otros efectos que sean necesarias para el cultivo y la distribución. El volumen de la producción se calculará previamente en base a lo que los asociados estimen que van a  consumir.

El cuidado de las plantas puede estar a cargo de un socio voluntario o de personal contratado específicamente para ello, como pueden ser agricultores u otros profesionales afines. Pero quien sea que cumpla la labor deberá llevar siempre una estricta contabilidad a fin de facilitar la fiscalización posterior.

La distribución debe hacerse en las dependencias del club, lugar al que solo pueden ingresar personas mayores de edad y miembros de la asociación, medida con la que se resguarda que todas las actividades que se realizan en el local se desarrollen de forma segura y privada.

El reparto se hace en cantidades pequeñas previamente definidas para el consumo inmediato. Los socios, sin embargo, son libre de portar consigo cantidades moderadas, bajo su responsabilidad, a fin de reducir al mínimo los desplazamiento hacia y desde el local.

El consumo máximo permitido está en torno a los 3 gramos diarios, no obstante, la cuota puede ser aumentada si se acreditan fines medicinales, según explica Martín Barriuso, escritor, activista del cannabis desde los años 90 y fundador de la referida Asociación Kalamudia.

Los clubes cultivan marihuana tanto en exterior como indoor y, asimismo, desarrollan toda una serie de productos derivados como hachís, alcohol, cremas, aceites, tinturas o dulces, colaborando de esta manera con la promoción de un consumo alejado del mercado negro y con el máximo de calidad para el consumidor.

Los socios de una plantación mancomunada abonan en cuotas el equivalente a su consumo, dinero que luego se destina a pagar los costos de producción, almacenaje y gestión. Dado que estas asociaciones no persiguen fines de lucro, los beneficios o excedentes que eventualmente se puedan generar se reinvierten en la asociación para financiar cursos, conferencias, asesorías legales  médicas, acciones políticas, copas de marihuana u otras actividades que la hagan crecer.

Las asociaciones cannábicas son organizaciones que se gestionan de manera democrática, donde todas las decisiones son tomadas por los socios en asambleas generales. Para formar parte de una de estas asociaciones, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser Mayor de edad.
• Estar avalado por un socio.
• Presentar un informe médico que acredite el padecimiento de una enfermedad que requiera el uso del cannabis.

En términos organizativos, toda asociación está presidida por una directiva que tiene como función tomar las decisiones relacionadas con las actividades diarias del club. En la directiva recae, además, la responsabilidad frente a la ley y la vocería en caso de que la asociación sea declarada ilícita.

Los cargos directivos corresponden a presidencia, vicepresidencia y tesorería, y están habitualmente ocupados por los socios fundadores del club.

Muchas asociaciones en España han optado por unirse a la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), organismo fundado allá por el año 2003 cuyo principal propósito es conseguir que se regule el funcionamiento de los Clubes Sociales de Cannabis -como los denominan ellos- acercándolos a un modelo de gestión compatible con los parámetros legales vigentes.

El contexto de vacío o ambigüedad regulatoria en el que se ven obligadas a operar las asociaciones cannábicas redunda en que al mismo tiempo que, como toda organización productiva, pagan sus impuestos  -sobre la Renta, de Sociedades, IVA- y suelen disponer de personal contratado, esto es, inscrito en la seguridad social, nada de ello las libra del riesgo de tener problemas legales.

¿Hacia dónde se dirige todo esto?

Los clubes cannábicos se alzan como una alternativa firme al mercado negro y pueden contribuir eficazmente al objetivo de impedir que los menores accedan a la marihuana. Asimismo, ofrecen a los consumidores la oportunidad de conseguir productos de procedencia conocida y calidad garantizada.

Sumado a lo anterior, todos estos clubes generan una relación simbiótica con sus miembros, ya que, por un lado, los alejan del tráfico callejero y sus riesgos asociados -lo cual beneficia a la sociedad de manera integral– y, por otro, les proporciona un espacio tranquilo y libre de prejuicios, donde pueden relacionarse con personas con las que comparten la misma concepción respecto al consumo de la planta y la cultura cannábica.

A la fecha, existen más de 2000 asociaciones cannábicas en toda España, concentrándose particularmente en Catalunya, con alrededor de 800, según consigna el portal eldiario.es. La proliferación de asociaciones, sin embargo, no siempre respondió a la misma motivación. Entre los años 2011 y 2015, para hablar en concreto, hubo un verdadero boom cannábico en el país que se tradujo en la apertura masiva de clubes. Este boom hizo mella en el muro de la prohibición, pero a la vez marcó un pequeño retroceso en el camino hacia la normalización jurídica y social, debido a que muchos optaron por adherir a regularizaciones más laxas o se desviaron hacia tendencias abiertamente comerciales alejadas del espíritu original de los clubes de cannabis. Muchos autores han achacado esto a la crisis económica que se vivía en ese momento y que afectaba especialmente al sector juvenil.

Pero en fin, todos estos datos no sirven de mucho si no nos preguntarnos por qué a nivel estatal se sigue corriendo la cortina a una cuestión que crece año a año en forma y número, y argumentando tozudamente a favor del prohibicionismo, en circunstancias de que hoy en día hay sobre la mesa razonables propuestas de solución.

De hecho, son numerosos los intentos por parte de las comunidades y provincias del país por regular una situación que cada vez es más insostenible. Desde hace más de diez años, comunidades como Navarra, País Vasco o Catalunya han impulsado medidas de regularización y normalización judicial de los clubes que ahondan en la cuestión y ofrecen un amparo legislativo más consistente y seguro para los fundadores y asociados. Entendiendo el aporte que este tipo de agrupaciones hace a la sociedad, dichas comunidades han levantado la voz para ayudarlas a optimizar sus actividades, ampliar sus objetivos y mejorar sus condiciones.

Tristemente, estos esfuerzos solo ha desencadenado una lucha entre los territorios autonómicos y un Estado que se empecina en excluir a los ciudadanos y sus comunidades de las decisiones que los involucran. Fiel a su política prohibicionistas, el poder central niega las soluciones dejando de nuevo al “amparo del desamparado” a todos aquellos que opten por embarcarse en la travesía turbulenta de abrir una asociación cannábica.

El futuro del cannabis está por verse, pero el debate se encuentra abierto. Muchas agrupaciones sostienen que la legalización supondría una pérdida de poder del lado de los consumidores -tal como ocurre con el alcohol o el tabaco-, quienes quedarían reducidos solo a eso, es decir, meros clientes sin injerencia en la calidad, la procedencia o el precio del producto. Se teme, además, que al final la marihuana se convierta en otro bien más a transar en el mercado que termine enriqueciendo a grandes empresas y estados que hoy, paradójicamente, condenan su consumo.