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Piden 17 años de cárcel para fundadores de “La raíz cuadrada Madrid” por venta de cannabis

Los tres miembros fundadores de la asociación sin ánimo de lucro “La Raíz Cuadrada Madrid” han sido están siendo procesados por tráfico de hachís y cannabis. La fiscalía pide 17 años de cárcel.

Los tres miembros fundadores de la asociación sin ánimo de lucro “La Raíz Cuadrada Madrid” han sido están siendo procesados por tráfico de hachís y cannabis. La fiscalía pide 17 años de cárcel.

Álvaro L.P., Ignacio A.A. y Andrés Felipe G.Z deberán acudir a la Audiencia Provincial de Madrid este lunes 11 de diciembre para dar cuenta de los cargos.

La fiscalía, que parce que quiere hilar fino en esta cuestión, considera que las actividades de la asociación contravenían los estatutos de la misma. Así, tal y como se informa desde La Vanguardia, en el escrito de acusación se señala que los tres encausados no comprobaban "las condiciones de adictos de los socios ni sus necesidades terapéuticas" y que, incluso, no adoptaban medidas de control para que la sustancia se difundiese fuera del local, a pesar de que "carecían de cualquier autorización administrativa para la distribución de una sustancia cuyos proveedores desconocían".

Sin embargo, el mismo auto señala que en la asociación sí que se cumplían todas las condiciones que se declaraban en los estatutos, como es el asesoramiento médico y legal sobre el uso del cannabis. Además la asociación contaba con visitas de profesionales médicos que concienciaban sobre el uso abusivo de esta (y otras) sustancias.

Según se sabe la Policía Municipal de Madrid estuvo vigilando el local donde, dicen, “se iba a fumar cannabis” y después salían “sigilosamente” (cosa, por otra parte, bastante lógica teniendo en cuenta que estaba bajo vigilancia…) La policía detuvo a varios jóvenes a la salida con pequeñas cantidades de marihuana.

En el local se encontró (en 2015 cuando se realizó la detención y registro) 170 gramos de marihuana, 202 gramos de resina de cannabis, así como 121,50 euros procedentes de la venta de dichas sustancias. Unas cantidades, ridículas, pero que, en fin, le sirven a la Fiscalía para montar un caso por el que se pide 15 años.

Esperemos que todo se resuelva para bien y nadie entre en prisión.

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