La Marcha por el Cannabis 2025 se reunirá este sábado 31 de mayo desde las 15:30 horas en el Jardim das Amoreiras, en Lisboa y comenzará a avanzar hacia el centro de la capital hasta el Largo de Camões. Convocada por el Colectivo Marcha pela Canábis, la manifestación defiende una legalización integral que contemple los usos medicinal, adulto e industrial del cannabis y busca reunir a activistas, pacientes, cultivadores y ciudadanos bajo una misma consigna: avanzar hacia un nuevo marco legislativo en Portugal.
La marcha 2025 tiene un fuerte simbolismo, no solo por su trayectoria sino también por su coincidencia con los 25 años desde la despenalización del consumo de drogas en el país. Sin embargo, los organizadores subrayan que “despenalizar no es suficiente”.
En su manifiesto, demandan una regulación efectiva que garantice el derecho al autocultivo, la inclusión del sistema endocannabinoide en los programas educativos de medicina y agricultura y la creación de un organismo autónomo encargado de supervisar el sector cannábico.
En el comunicado de los organizadores se recuerda la relevancia histórica del cáñamo en la identidad portuguesa y denuncia como en la actualidad las barreras burocráticas impiden el aprovechamiento integral de la planta. A pesar de que Portugal fue el mayor exportador europeo de cannabis medicinal en 2024, el acceso interno sigue siendo limitado y costoso para pacientes que podrían beneficiarse de sus propiedades terapéuticas.
Las demandas de la marcha incluyen también una política de reducción de daños basada en evidencia, la promoción del cáñamo como cultivo estratégico para una economía sostenible y verde, además de la regulación del comercio de derivados que actualmente opera en un limbo legal.
El documento destaca que una regulación inteligente podría generar ingresos fiscales significativos, combatir el mercado ilegal y fomentar la innovación, pero por sobre todo tiene una consigna clara y que apunta hacia una legalización que garantice derechos, reduzca riesgos y reconozca a los usuarios como sujetos de políticas públicas, no como objetos de control.
