Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) analizados por el grupo UK Addiction Treatment (UKAT), en 2023 se emitieron 53 certificados de defunción en los que se mencionaba la ketamina, el número más alto registrado hasta la fecha. Según estos mismos datos (2014-2023) las muertes relacionadas con esta sustancia aumentaron en un 650%.

 Sin embargo, estos porcentajes suelen ser susceptibles a ser utilizados de forma mañosa y, en lugar de fomentar un debate, este tipo de presentaciones estadísticas puede amplificar el pánico y desviar el foco de los determinantes estructurales del problema, obstaculizando la formulación de políticas basadas en evidencia.

En paralelo a este debate amplificado por las cifras expuestas, diversas investigaciones clínicas han explorado el potencial terapéutico de esta sustancia en contextos regulados. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine en 2023 comparó la eficacia de la ketamina intravenosa con la terapia electroconvulsiva para tratar la depresión resistente, concluyendo que la ketamina fue al menos igual de eficaz y con menos efectos cognitivos adversos.

La Mayo Clinic también reportó resultados alentadores: en un ensayo clínico con dosis bajas de ketamina (0,5 mg/kg) administradas lentamente, varios pacientes con depresión resistente mostraron mejoras significativas y algunos incluso lograron remisión completa. 

Por otro lado, una revisión publicada analizó las muertes relacionadas con el uso recreativo de ketamina en el Reino Unido entre 1997 y 2019. El estudio identificó tres factores de riesgo persistentes: consumo en contextos no supervisados, combinación con otras sustancias psicoactivas y desconocimiento generalizado sobre los efectos adversos. Estos factores siguen siendo claves para interpretar los riesgos actuales asociados al uso no médico de ketamina.

La ketamina está clasificada como sustancia de clase B en el Reino Unido, aunque algunos sectores presionan para su reclasificación como clase A, argumentando el aumento en las muertes relacionadas con su consumo. Esta situación debería abrir un debate público que supere tanto la criminalización como los discursos alarmistas que distorsionan el debate porque frente a una realidad compleja, un enfoque informado, ético y antiprohibicionista continúa siendo la vía más sensata y sostenible.