El debate en Ghana con respecto al cáñamo, se monta sobre una reforma que avanza a sobresaltos. La Ley de la Comisión de Control de Narcóticos (Act 1019) recibió el asentimiento presidencial el 11 de mayo de 2020 y abrió la puerta a usos industriales, médicos y de investigación. Pero en julio de 2022 la Corte Suprema anuló la sección que habilitaba licencias por fallas de procedimiento, obligando al Parlamento a corregir la ruta. Desde entonces, el marco regulatorio se rearmó con enmiendas y con el reglamento L.I. 2475, que define el cáñamo como cannabis con un contenido de THC no superior a 0,3% en base seca.

En la práctica, esa reglamentación se pone en práctica, ya que NACOC no había emitido ninguna licencia y el sector seguía “en limbo” a la espera de requisitos, plazos y tarifas, según fuentes especializadas como talkingdrug.com. En ese contexto, el presidente de la Hempire Association of Ghana (HAG), Nana Kwaku Agyemang, cuestionó las cifras que, según él, convertirían la legalidad en un privilegio para quienes cuenten con mayor capacidad económica.

Si el acceso queda restringido, el nuevo mercado podría nacer concentrado y desconectado de comunidades rurales donde el cannabis ya es un cultivo que existe desde la informalidad. Por eso, empresas como Hempire Agric Ghana sostienen que, si bien  el reglamento ya está disponible, las tarifas y cargos siguen pendientes de revisión en el Comité Legal y Constitucional del Parlamento.

Mientras tanto, NACOC ha endurecido el mensaje y  pidió desconfiar de supuestos “gestores” de licencias y aseguró que los cobros oficiales se publicarán recién cuando el Parlamento los apruebe. Hasta que eso ocurra, recordó, el cultivo y la posesión continúan prohibidos salvo las excepciones expresamente permitidas por la ley.

Ghana está ante una decisión que suele definir el rumbo y las tarifas no es un detalle técnico menor, ya que bien utilizado puede ser el primer pulso real sobre quién tendrá derecho a participar en la industria legal del cáñamo.