El documento A/81/227, elaborado por el relator especial Ben Saul, examina la tendencia de algunos Estados a clasificar como terroristas a grupos de crimen organizado, especialmente carteles de drogas y pandillas. Su tesis central es que terrorismo y crimen organizado pueden relacionarse, pero responden a lógicas jurídicas distintas: mientras el terrorismo persigue fines políticos o ideológicos, buena parte del crimen organizado actúa principalmente por lucro.

La etiqueta terrorista tiene efectos prácticos y puede activar poderes excepcionales, sanciones financieras, restricciones migratorias y respuestas militares que van más allá de las herramientas ordinarias contra el crimen organizado. El informe sitúa esta discusión en un escenario donde la guerra contra las drogas se ha intensificado en las Américas y sostiene que décadas de respuestas excesivamente centradas en la seguridad no han logrado reducir de forma sostenida el tráfico ni la violencia.

Saul, en este contexto, recomienda que las políticas de drogas se basen en evidencia y derechos humanos, prioricen la reducción de daños y la salud pública, avanzando hacia la despenalización y la legalización. El informe plantea que una regulación gestionada puede incluir controles sobre precios, potencia y disponibilidad, con modelos que van desde la prescripción médica hasta establecimientos autorizados.

La recomendación conecta con un giro que ya se observa en distintas políticas de drogas basadas en el cuidado, aunque el informe no indica que exista un único modelo para todos los países. Su argumento es que reducir el tamaño y la rentabilidad de los mercados ilícitos puede formar parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado, junto con medidas anticorrupción, investigación financiera, control de armas y desarrollo social.

La propuesta no constituye una nueva política vinculante de Naciones Unidas ya que Ben Saul habla como experto independiente y sus recomendaciones no obligan a los Estados. Su planteamiento apunta a otra forma de debilitar a los carteles y que no pasa solo con perseguirlos con herramientas penales y militares, sino también reducir las ganancias que obtienen de los mercados ilegales de drogas.