Los primeros ataques se produjeron frente a la costa venezolana, en el Caribe y pronto se extendieron al Pacífico oriental, donde se han hundido botes colombianos señalados como narcolanchas.  Agencias internacionales como AP y Reuters ya hablan de al menos 22 bombardeos y alrededor de 87 personas muertas, incluyendo denuncias de disparos contra sobrevivientes en el agua.

La ONU ha calificado las operaciones como violación del derecho internacional y senadores de ambos partidos en EE UU advierten posibles crímenes de guerra, sobre todo por un segundo ataque dirigido contra personas heridas o rendidas. Aun así, la Casa Blanca respalda al alto mando militar y Trump amenaza con extender los bombardeos a supuestos laboratorios y rutas terrestres.

El análisis del sitio especializado Lucid News insiste en que la campaña se inserta en un proyecto más amplio: vincular la “guerra a las drogas” con la “guerra contra el terror” para justificar un despliegue masivo en el Caribe, presionar por un cambio de régimen en Venezuela y castigar al presidente colombiano Gustavo Petro, crítico con el prohibicionismo y con la política exterior de Washington.

En paralelo, la administración Trump utiliza el lenguaje del “narcoterrorismo” para facilitar deportaciones masivas de migrantes y para perseguir voces disidentes, desde activistas estudiantiles hasta cargos electos. Siguiendo la lógica imperante, si las personas sospechosas de traficar o simplemente de usar drogas, son tratadas como enemigos armados, cualquier límite legal a la violencia estatal se vuelve difuso.

Mientras la Casa Blanca promete que hundir lanchas salvará miles de vidas, la propia estadística oficial confirma que la crisis de sobredosis en Estados Unidos se explica sobre todo por el fentanilo y por un mercado negro cada vez más contaminado. La experiencia histórica indica que no se protege a usuarios con bombas, sino destrabando el prohibicionismo y apostando por políticas de drogas basadas en derechos y reducción de daños.