El pasado 30 de marzo se cumplieron 60 años desde la firma del primer tratado internacional creado para acabar con el uso no medicinal de las drogas: la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Este acuerdo, que entró en vigor en diciembre de 1964, fue la base a partir de la cual la mayoría de países del mundo llevan décadas aplicando políticas de drogas basadas en la prohibición, sin atender a la protección de los derechos humanos y la salud pública.
En la Convención se incluyeron plantas y derivados farmacológicos como el cannabis y sus derivados, la hoja de coca y la cocaína, el opio y sus numerosos derivados naturales y sintéticos (morfina y heroína entre otros muchos). Desde entonces la convención ha sido adoptada por 186 países, que se comprometieron a controlar la producción de las plantas y drogas incluidas en las listas de fiscalización para que solo se fabriquen y distribuyan con fines científicos o médicos.
En la práctica, esta convención y la firmada en 1971 (que fiscaliza otras sustancias como la MDMA o el LSD) consiguieron eliminar la investigación científica y los usos medicinales con todas estas plantas y fármacos, muchas de las cuales cuentan con un historial centenario o milenario de uso tradicional, y otras con un gran potencial de uso terapeútico.
Este mes el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), una red internacional que integra 192 ongs por unas políticas de drogas más justas publicó un extenso informe repasando los efectos de la Convención de 1961 y los cambios introducidos en la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU ocurrida en 2016. El informe, titulado Haciendo balance de media década de políticas de drogas, advierte que “en los últimos cinco años la brecha entre los compromisos políticos sobre el papel y los cambios significativos sobre el terreno ha seguido ampliándose”.
El informe recoge los efectos de las actuales políticas de drogas, apuntando, entre otras cosas, que hay 2,5 millones de personas en el mundo encarceladas por delitos relacionados con las drogas (de las cuales medio millón cumplen condena únicamente por haber consumido drogas), y que en 2017 (último año con datos) se registraron 585.000 muertes prevenibles relacionadas con el consumo de drogas.
El informe también recoge la represión sobre los campesinos que sobreviven con cultivos tradicionales de hoja de coca, opio o cannabis, y que son objeto de violentas campañas de erradicación, o la enorme cantidad de pacientes (estimados en 5000 millones) que no pueden acceder a plantas y fármacos de alivio por la fiscalización de las sustancias. “El 60 aniversario del régimen mundial sobre drogas nos da pocos motivos de celebración”, dijo Ann Fordham, directora ejecutiva del IDPC en declaraciones recogidas por EFE.
