Cuando Tailandia abrió una puerta inédita en Asia, el entusiasmo por la despenalización de 2022 convivió desde el primer día con una fragilidad institucional evidente. La salida del cannabis de la lista de narcóticos permitió la excarcelación de miles de personas condenadas por delitos vinculados a la planta y fue presentada como una oportunidad para agricultores y mejorar la economía local. Pero la ausencia de una ley integral dejó sin resolver quién podía producir, cómo debía venderse, qué controles sanitarios eran obligatorios y qué lugar tendría el uso adulto.
En ese vacío se movió con rapidez un mercado que entendió la despenalización como una autorización. Las zonas turísticas vieron aparecer dispensarios, menús de cogollos, productos comestibles y una propuesta de liberalización que el Estado nunca terminó de asumir como política pública. Para una parte de la sociedad fue una conquista histórica y, para sus críticos, una escena cada vez más difícil de defender ante las denuncias por acceso de menores, consumo en espacios públicos y casos de contrabando internacional.
El cambio de orientación se consolidó en 2025, cuando el Ministerio de Salud Pública reclasificó la flor de cannabis como hierba controlada y dejó la compra atada a la prescripción médica. Las tiendas con licencia pueden seguir abiertas, aunque bajo reglas más estrechas e incumplir estas condiciones puede derivar en sanciones económicas y penales.
La paradoja política atraviesa todo el proceso, porque Anutin Charnvirakul, cuyo partido impulsó la reforma original, llegó después a la jefatura de Gobierno sin que se detuviera la reconducción médica. En abril de 2026, las autoridades tailandesas confirmaron que los locales que busquen renovar licencias deberán transformarse progresivamente en centros médicos, una exigencia que profundiza el repliegue del mercado. Según datos oficiales citados por la prensa local, solo una parte de los cerca de 18.000 establecimientos creados durante el "boom" cannábico en Tailandia estaría en condiciones de adaptarse.
Para voces como la activista Chokwan “Kitty” Chopaka, citada por el sitio especializado TalkingDrugs, el problema no fue únicamente la apertura acelerada, sino la imposibilidad de incluir a quienes no formaban parte del circuito cannábico ni del negocio emergente. El nuevo modelo puede favorecer a operadores con recursos para contratar médicos internos y cumplir requisitos administrativos, mientras deja en una posición frágil a pequeños comerciantes, cultivadores y usuarios que habían encontrado en la reforma un margen de autonomía.
El caso tailandés muestra que despenalizar sin regular no garantiza derechos, pero volver a encerrar el cannabis en lo estrictamente médico tampoco resuelve el interés social por la planta. Por eso, una política de salud pública debería ordenar el mercado y proteger a menores sin empujar a los usuarios adultos hacia zonas grises. El punto acá es que no es solo si el cannabis es legal, sino quién puede acceder, quién puede vender y bajo qué reglas se reparte el poder dentro de esta nueva industria.
